IU no descarta que Sánchez Gordillo burle la incompatibilidad

De los siete diputados andaluces que deben optar entre seguir al frente de sus alcaldías o su escaño, en cumplimiento de la plena entrada en vigor de la la ley Electoral andaluza,, solo el simpar alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, mantiene un mutismo absoluto. El portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida, José Antonio Castro, dijo este miércoles que la ley le permite conservar su acta de parlamentario si Gordillo renunciara al puesto de alcalde y permaneciera “como teniente de alcalde o concejal”.

Castro matizó de manera inmediata que IU no está barajando esta salida, que supondría burlar el espíritu de la ley andaluz, sino es que es la propia norma autonómica la que permite esta posibilidad. La decisión en cualquier caso, dijo Castro, “es personal” y aunque en IU rige un sistema de incompatibilidades interno, en el caso de Sánchez Gordillo estas normas nunca han tenido “éxito”.

IU respetará la decisión que adopte Sánchez Gordillo, quien se encuentra en un delicado estado de salud. Haga lo que haga de su grupo no saldrá públicamente ni una sola palabra de reproche. “Es una persona querida y admirada”, señaló el portavoz de Izquierda Unida, quien negó que la opción que tome “ponga en un brete” al grupo parlamentario. En su opinión, este caso “no tiene trascendencia”.

La comisión del Estatuto del Diputado estudió ayer la situación de los siete diputados afectados después de que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso presentado por el PP a la ley Electoral andaluza. Solo Esperanza Oña y Sánchez Gordillo no han comunicado oficialmente su decisión. No obstante, Oña ya anunció que dejaría la alcaldía de Fuengirola y permanecerá en la Cámara autónoma como vicepresidenta. Los alcaldes de Sevilla, Córdoba, Huelva, Valverde del Camino (Huelva) y La Mojonera (Almería) han renunciado a sus actas de diputados.

Por otro lado, IU defenderá en el próximo pleno una iniciativa en la que reclama a los servicios jurídicos de la Junta que trasladen al Constitucional que el recurso presentado por el Gobierno contra la ley de la Función Social de la Vivienda se basa en un informe con “datos falsos”. IU alude a que el Gobierno central alegó para interponer su recurso un informe de la Sareb (el llamado banco malo) en el que contabilizaba 911 viviendas de protección oficial en Andalucía. Este dato le sirvió para destacar los efectos negativos de la ley en el mercado inmobiliario y la estabilidad de la banca. La Sareb rectificó ese dato y rebajó las VPO a 98. Lo hizo después de que Fomento le multara con 120.000 euros por no informar a tiempo de estos datos.