La juez del agujero económico de RTVV acumula tres denuncias

Cuando se anunció la imputación de cinco exdirectivos de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) por la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos se llegó a insinuar desde instancias políticas e incluso judiciales que la causa abierta no tendría apenas recorrido jurídico. Cinco meses después, la juez de instrucción del juzgado número 6 de Paterna, partida judicial de Burjassot, donde se enclava el Centre de Producció de Programes, va sumando testimonios, material documental y denuncias en una investigación que busca también delimitar las responsabilidades en el agujero de 1.200 millones de euros de la empresa pública.

La juez ha acumulado las tres denuncias relativas al caso de RTVV. A la primera formulada por Compromís, que permitió abrir el procedimiento y estableció el marco de las pesquisas y los interrogatorios, se han añadido las posteriores de los sindicatos de CC OO y CGT, que aportan más argumentos jurídicos y pruebas sobre el derroche y la negligencia en la gestión de la empresa pública, que está en vías de liquidación tras su cierre el pasado 29 de noviembre. Los cinco imputados son el exdirector general de RTVV, José López Jaraba; los exdirectores de Canal 9, Lola Johnson y Luis Redondo, y los exdirectivos de televisión y radio, Lluís Motes y Nuria Romeral.     

Este martes declararon como testigos el exdirector económico y financiero de RTVV, Ricardo Calatayud, y el exliquidador de la empresa pública y antiguo auditor del gasto en los últimos años Antonio Hervás. Ambos fueron recibidos por un grupo de extrabajadores de RTVV que les reprocharon su responsabilidad como directivos de la empresa, al tiempo que les reclamaban que tiraran de la manta y contaran todo lo que sabían.

Fuentes jurídicas señalaron que Calatayud relató sus funciones y competencias dentro de RTVV y señaló que el agujero de Canal 9 se generó a partir del año 2000 con el cambio de modelo de financiación, pero no por la gestión, según confirmó a la salida de su declaración a este periódico. Imputado en la pieza de la trama Gürtel que investiga el pago de más de tres millones de euros en comisiones con motivo de la retransmisión por RTVV de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia, explicó que RTVV recibía hasta 2000 fundamentalmente subvenciones por parte de la Generalitat valenciana, y luego se cambió este modelo, lo que provocó endeudamiento de la propia empresa. Al ver que no era viable, en 2008 se volvió a las subvenciones aunque muy inferiores, al igual que la publicidad, que bajó de forma rápida por la situación de crisis económica.

Tanto Calatayud como Hervás indicaron que en un momento determinado advirtieron a Jaraba de que la sociedad podía dar a la disolución debido al alto nivel de endeudamiento, y propusieron, o bien contención del gasto, o bien ampliación de capital, según fuentes citadas por Europa Press. Finalmente se optó por esta última medida, que se firmó en 2010 pero la Generalitat -único socio- no pagó hasta 2012. También indicaron que cuando no había consignación presupuestaria, era Jaraba el que daba el visto bueno a nuevos gastos sobre la base de una circular. De otra forma hubiera sido ir a negro seguro, agregaron. Negaron irregularidades del tipo ilícito administrativo o penal, porque de haberlas detectado, según han dicho, las hubieran denunciado, según siempre las mismas fuentes. 

Tras su declaración, Calatayud hizo un gesto de acercarse a los trabajadores concentrados, pero no llegó a hablar. Más tarde, comentó a este periódico que se sentía "abrumado".  "Jamás podría imaginarme que podría cerrarse RTVV" y dijo sentirlo "mucho por los compañeros que han padecido y padecen mucho".  Sobre el caso en el que está imputado no quiso hacer ninguna declaración.