Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra
OPINIÓN

Les ‘senyes d’identitat’

El Estado de Derecho español no está tan degradado como para dejar pasar una salvajada tan evidente como la que prepara el Gobierno valenciano

En la huida hacia mayores cotas de ridículo, caso de que eso sea aún posible, que han emprendido el Consell de la Generalitat y quienes allí moran con la finalidad de movilizar al sector más analfabeto de la sociedad valenciana y tratar de copar los votos de esa franja del electorado para minimizar así la anunciada debacle electoral, el president de la Generalitat ha proclamado la buena nueva: van a ofrendarnos una nueva ley que regulará la protección y promoción de "les nostres senyes d’identitat". Se trata de uno de esos ejemplos de normas y actuaciones de la Administración que, la verdad, retrotraen a una concepción de lo que han de hacer los poderes públicos en cuanto a su labor de «encuadramiento» ideológico e identitario de la sociedad que parecen directamente sacadas del nacionalcatolicismo español más cutre y regímenes equivalentes. ¡A lo mejor es que esto es lo que entiende Fabra por esa "societat civil" que supuestamente avaló con más de mil firmas -que nunca han enseñado- no sé qué esperpéntica reivindicación hará como cosa de un año!

El caso es que, de tan antiguo, rancio y absurdo que es el proyecto, lo más probable es que, además, sea inconstitucional. Pretender vincular recibir ayudas públicas a mantener y defender ciertas visiones políticas, ideológicas, aunque sean referidas a lo que somos o dejamos de ser los valencianos es, sencillamente, atentar contra la libertad de conciencia de modo flagrante. Y aunque muchos en el gobierno valenciano no lo crean así, todavía no está tan degradado el Estado de Derecho español como para dejar pasar una salvajada tan evidente.

Lo más divertido del caso es que, además, el Gobierno valenciano –y sus siempre rutilantes asesores-, como es costumbre, no se conocen ni siquiera sus propias normas, estatutarias, legales o reglamentarias ya en vigor. La mayoría de ellas, por cierto, aprobadas a instancias de mayorías del Partido Popular. Es el caso, por ejemplo, de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), a quien compete según el Estatut de autonomía decidir lo que es el valenciano. Pero no sólo ello, la propia ley de la AVL, en vigor desde hace años, ¡establece que cualquier ente que reciba subvenciones públicas está obligado a cumplir su normativa en materia de valenciano! Esta previsión, algo menos liberticida pero igualmente cuestionable desde ópticas liberales, en realidad, a lo que obligaría es a retirar las subvenciones públicas a todas las entidades que hacen bandera de la exhibición de una ortografía tan peculiar como ignorada por la población mínimamente formada. Y no sólo a ellas. También, por ejemplo, a partidos políticos como el propio Partido Popular o a ciertos medios de comunicación generosamente subvencionados en la actualidad.

En realidad, las verdaderas "senyes d’identitat" que exhibe nuestro gobierno con este nuevo episodio de sainete son la carencia de respeto por los ciudadanos, por las normas que aprueba (si es que las conoce), ni casi por nada, excepción hecha de poder seguir conservando el poder sea como sea. En eso han convertido tanto la bandera como la denominación oficial del país que dicen querer defender tanto, en símbolo de una sociedad que no queremos ser. A día de hoy, cualquier experto en branding e imagen corporativa recomendaría cambiarlas por unas nuevas. Nos conformamos con cambiar de gobierno rápido.

@Andres_Boix, blog en http://www.uv.es/aboixp