El juez procesa al exalcalde de Gandia por supuesta prevaricación

El auto de procesamiento acuerda continuar las diligencias previas sobre esta causa y abre un plazo de diez días para que el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas pidan apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

El origen de este proceso se encuentra en la denuncia presentada el pasado mes de febrero por el actual alcalde de Gandia, Arturo Torró (PP) contra José Manuel Orengo y la delegada de Economía y Hacienda en ese periodo, Ana García, por supuestas irregularidades en préstamos bancarios que firmaron.

El auto expone que durante los años 2009 y 2010 el Ayuntamiento de Gandia concertó a través del alcalde y la delegada de Economía una serie de préstamos con varios bancos, a pesar de los "reparos de legalidad" del interventor y del secretario municipal.

Estos últimos opinaban que no se daba cumplimiento a la legalidad, al no haber obtenido la preceptiva autorización administrativa de la Consejería de Economía de la Generalitat y al no constar la aprobación del Plan de Estabilidad Financiera (PEF) por parte de la administración de tutela financiera.

El juez instructor considera que esos hechos pueden revestir "por ahora y a salvo de ulterior calificación" por parte del Ministerio Fiscal o de la acusación particular, un delito de prevaricación administrativa, que consiste en dictar, a sabiendas de su injusticia, una resolución arbitraria en un asunto administrativo.

El auto expone que la Conselleria de Economía denegó la aprobación del PEF 2009-2011 aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Gandia en abril de 2009, ya que no se ajustaba al principio de estabilidad presupuestaria, pues la necesidad de financiación ascendía a 26,3 millones de euros.

El juez estima que la no aprobación del PEF por parte de la Administración responsable de la tutela financiera se debió fundamentalmente a que la empresa pública IPG "no aparecía consolidada a efectos de estabilidad en la documentación original remitida", por lo que la Generalitat no pudo "pronunciarse sobre el contenido" del plan.

Durante los cerca de quince meses que transcurrieron desde la recepción del primer plan -abril de 2009- hasta que se dictó resolución expresa -julio de 2010-, Orengo y García concertaron operaciones de crédito por 32,9 millones de euros con cinco bancos y dispusieron de sus importes a pesar de no haberse aprobado el PEF, señala el juez. Orengo, actualmente portavoz socialista en el Ayuntamiento de Gandia, ha anunciado que recurrirán el auto y ha defendido que actuaron en todo momento "dentro de la más estricta legalidad, frente a una Generalitat que intentaba ahogar financiera y políticamente al Ayuntamiento".

El Ayuntamiento de Gandia ha anunciado por su parte que presentará escrito de acusación, donde añadirán a los préstamos firmados por Orengo y García, que han cifrado en 51,7 millones, los que hicieron a través de la empresa IPG, por 7,6 millones de euros, y ha pedido que el PSPV expulse a los dos concejales imputados.