El fiscal pide casi seis años para el ex delegado de Vivienda en Bizkaia

La Fiscalía considera que José María Gonzalo, ex delegado en Bizkaia del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, incurrió en dos delitos continuados de prevaricación y malversación, y pide para él una pena de cinco años y nueve meses de prisión, además de inhabilitación absoluta por 9 años y medio.

El escrito del fiscal acusa también del delito continuado de malversación a Jon Alonso, contratado por Gonzalo, y pide para él cuatro años y nueves meses de prisión, además de su inhabilitación absoluta por ocho años y medio. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita una indemnización por unos 471.000 euros, e interesa la apertura de juicio oral del caso en la Audiencia de Bizkaia.

El Gobierno vasco remitió en 2011 a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia un informe interno que revelaba presuntas irregularidades en la liquidación del patrimonio de la Cámara de la Propiedad Urbana. Los hechos se remontan a 2006, cuando Javier Madrazo (IU) estaba al frente del departamento de Vivienda del Gobierno Vasco y designó a Gonzalo, como delegado del departamento en Bizkaia, durante la liquidación de la Cámara.

La Fiscalía ha constatado que Gonzalo "actuó al margen de las competencias" que le habían atribuido cuando contrató a seis personas, una de ellas Jon Alonso. Gonzalo sabía que esas contrataciones "nada tenían que ver" con la función que el Ejecutivo le había encomendado y además las hizo "de forma directa, sin publicidad y sin proceso selectivo, abocando al Gobierno vasco a asumir las consecuencias" de esas "innecesarias contrataciones", explica la Fiscalía.

Además, acometió la rehabilitación del edificio de la Cámara que supuso un gasto de más de 1.800.000 euros, "ajenos al proceso de liquidación" y sin que el Gobierno Vasco hubiera acordado el destino que le iba a dar a esa sede. El informe señala que Gonzalo, "aprovechándose de su posición en la Cámara y su disponibilidad sobre los fondos dinerarios de la misma", transfirió 106.653 euros a una cuenta a nombre de Jon Alonso, sin "justificación alguna salvo el propósito lucrativo con el que actuaron los acusados de común acuerdo". Añade que, "con idéntico ánimo lucrativo", Gonzalo hizo transferencias de más de 420.000 euros a una asociación de la que él era administrador y "pagó con cargo a la Cámara de la propiedad" gastos ajenos a esa institución de unos 35.000 euros.

El fiscal concluye exigiendo responsabilidades a los acusados y considera a Gonzalo como autor de los delitos continuados de prevaricación y malversación y a Alonso como cooperador necesario del segundo de los delitos. En mayo de 2012 el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas denunció que la liquidación de la Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia se había cerrado con un exceso de gasto de 2,6 millones de euros y que Gonzalo, como responsable en este territorio del departamento de Vivienda había realizado contrataciones "irregulares", "sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad". Aseguró también que el exdelegado "se excedió de las funciones de su nombramiento realizando gastos para los que no tenía competencia" y que "las obras y compras de mobiliario" en el edificio de la Cámara por importe de 2,1 millones de euros, "fueron contratadas al margen de los procedimientos legales previstos".

Constató que Gonzalo "no era competente para autorizar" una partida de 330.000 euros que conllevaba la producción de la película Ander, un largometraje de temática gay rodado en euskera, por parte del colectivo Aukeratu. El TVCP detalló la existencia de facturas por un total de 34.681 euros que produjeron "un perjuicio económico para la Administración de la Comunidad autónoma". En ese lote de gastos, situó varias facturas de agua y gas del suministro al domicilio del presidente del colectivo Aukeratu, gastos de viajes a Uruguay y una factura de una agencia de detectives, entre otros.