La paralización de los expedientes de despido de Fogasa, a la Fiscalía

Un abogado laboralista ha denunciando ante la Fiscalía de Valencia al secretario general del Fondo de Garantías Salariales (Fogasa), Juan Carlos Arce Gómez, por dar órdenes para paralizar los expedientes de despido de trabajadores, lo que les impide cobrar según los plazos legales fijados.

En la denuncia, el abogado Ricardo Cano Zamorano, que es presidente de la Asociación para la Defensa de las Libertades y Derechos Sociales y Civiles, solicita a la Fiscalía que abra diligencias de investigación penal contra el “Secretario General del Fogasa, mandos y funcionarios del citado organismo”.

Al parecer, el mismo personal del Fogasa que desea mantenerse en el anonimato para evitar represalias, ha informado de que se les ha “impartido instrucciones de no remitir los expedientes de Valencia para resolución a Madrid, pese a estar preparados para su aprobación, siguiendo órdenes de la Dirección Central”.

Según la información de los trabajadores, el objeto sería no dejar en evidencia la pésima gestión que viene realizando Tragsa desde la privatización del servicio a través de Tragsatec, “generando un número incalculable de expedientes paralizados con las graves consecuencias para las personas afectadas”.

La Asociación para la Defensa de las Libertades y Derechos Sociales y Civiles informa también que entran aproximadamente unas 30.000 demandas en los Juzgados de lo Social de Valencia, siendo el 60% temas que afectan directamente al Fogasa, “lo que supone un colapso inadmisible para los juzgados de Valencia”.

Ricardo Cano explica que “los Juzgados de los Social llevan tiempo sufriendo una avalancha de denuncias y señalamientos de juicios para el 2017, gracias al nefasto funcionamiento del Fogasa como consecuencia de la privatización”. Este abogado ha exigido por escrito a la Fiscalía que se impongan, por parte de los jueces “multas por temeridad y condena en costa”.

A primeros de año, el juzgado de instrucción número 3 de Valencia admitió a trámite una querella presentada por Ricardo Cano contra el Secretario General del Fogasa por un delito de prevaricación en nombre de diez trabajadores de una pequeña empresa. Al parecer, el Fogasa había dictado una “resolución errónea” al denegarles la indemnización. Al tener conocimiento de la querella, el Ministerio de Empleo reconoció el error, se revisó el expediente y se subsanó. Juan Carlos Arce llegó a ser citado a declarar como imputado como Secretario General del Fogasa. Cano ha presentado hasta quince denuncias contra el Fogasa por incumplir el plazo de tres meses para resolver los expedientes y por vulnerar el silencio administrativo.