La corrupción descalabra al PP

La detención de Francisco Granados y de cuatro alcaldes populares de municipios madrileños (Valdemoro, Villalba, Torrejón de Velasco y Casarrubuelos) por corrupción, en el curso de la Operación Púnica, dejó ayer muy deteriorada la imagen del Partido Popular a menos de siete meses para unas elecciones, las autonómicas y municipales de mayo de 2015, en las que el partido de la calle Génova se arriesga a perder por primera vez desde 1995 el control de la Comunidad de Madrid.

El PP no reaccionó hasta entrada la tarde. Lo hizo Esperanza Aguirre, para entonar un mea culpa por su papel fundamental en la trayectoria ascendente de Granados en el Gobierno y el PP regionales, antes de su caída en desgracia a finales de 2011. La contrición de la presidenta del Ejecutivo autonómico entre 2003 y 2012 y presidenta del PP más poderoso del país desde 2004 reflejó la inquietud del partido, al que los escándalos de corrupción han dejado sin discurso.

“Esto no lo salva nada nadie”, reflexionaba un alto cargo del PP, que los últimos meses apuntaló sus aspiraciones esgrimiendo la mejor situación económica de Madrid respecto al resto de las comunidades autónomas. Los datos que manejaban hasta ayer en el partido les otorgaban un respaldo en torno al 36%, muy alejado del 51,7% de mayo de 2011. Lo único que tranquiliza a sus líderes es que podrían sacar rédito de un Parlamento fraccionado, en el que cada vez son más los que auguran que podría haber seis fuerzas políticas, con Podemos y Ciudadanos como novedades en el hemiciclo.

La Operación Púnica se suma a escándalos recientes de los que también ha salido mal parado el PP, como las tarjetas black de Caja Madrid, la financiación irregular del partido y juicios todavía por resolver, como el de Gürtel. Su estallido no ha podido producirse en peor momento, a tan solo tres días de que el presidente del Ejecutivo autónomo, Ignacio González, presente los presupuestos para el año que viene. El barón autonómico y secretario general del PP desde la primavera de 2012, año en que fue apartado Granados del cargo, reconoció que la red destapada es una “mala noticia” frente a los intentos de regeneración política.

Dentro de la parálisis que por regla general dominó ayer al PP, el más rápido en reaccionar fue el alcalde de Getafe, Juan Soler. Tras mostrarse “escandalizado” por el papel de sus colegas, exigió la inmediata suspensión de todos ellos. “No quiero estar en el mismo sitio donde hay gente como esa”, expresó el regidor, que también es diputado regional en la Asamblea de Madrid. El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP suspendió horas después a los alcaldes implicados en sus cargos y también como militantes. Responsables del partido mostraron su sorpresa por la presencia del regidor de Villalba, Agustín Juárez, entre los detenidos. En cambio, afirmaban que el caso de Gonzalo Cubas, el regidor de Torrejón de Velasco desde 2011, “era cuestión de tiempo”.

La Operación Púnica también torpedeó las opciones regionales del PSOE, al estar Parla, el talón de Aquiles de Tomás Gómez, también implicada en la trama. El secretario general del PSM y alcalde de esa ciudad entre 1999 y 2008 pidió por la tarde a su sucesor, José María Fraile, que renunciase como regidor “por el interés ciudadano que pide transparencia, contundencia y máxima celeridad ante noticias de este tipo”. Fraile accedió al puesto tras la renuncia de Gómez, hace seis años. Antes, había sido su concejal de Hacienda: a entender de Gómez, “el mejor de Europa”. “Parla se ha convertido en un icono negativo de gestión, en un símbolo para nuestros adversarios... Le hemos vuelto a dar munición gratuita a Podemos: no podemos negar el peligro real de que dejemos de ser la referencia de la izquierda”, argumentaban en la Ejecutiva de los socialistas madrileños, donde contemplan que podrían quedar por debajo del 20% de los votos en las elecciones de mayo. Y, lo que es peor, ser relegados a la tercera fuerza por la formación de Pablo Iglesias.

La estampa más surrealista de la jornada la protagonizó el alcalde de Parla, que llegó al Ayuntamiento pasadas las tres de la tarde tras amanecer en Málaga, donde iba a asistir a una reunión de la Federación Española de Municipios. Varios agentes de la Guardia Civil aguardaron pacientemente a Fraile —para quien el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, también había cursado una orden de detención—, hasta que llegó en su coche oficial tras cinco horas de viaje desde la Costa del Sol. Al cierre de esta edición, seguía detenido en el Ayuntamiento. El alcalde está además procesado por un supuesto caso de prevaricación administrativa.

La detención de David Marjaliza, el “constructor de cámara” de Granados y muy arraigado en el sur de Madrid según distintas fuentes consultadas, también contribuyó al nerviosismo dentro del PSM. Marjaliza recibió adjudicaciones de contratos públicos en Valdemoro, pero también en Parla. Para la policía judicial, el constructor es la clave de la operación y habría obtenido contratos presuntamente mediante el pago de comisiones irregulares.

Izquierda Unida también salió escaldada en el terremoto político de ayer, tras la detención de Avelino Pérez Pallarés, que entró en el Ayuntamiento de Parla en 2011 como asesor de sostenibilidad, obras y mantenimiento de edificios públicos tras no salir elegido como concejal en Fuenlabrada. IU lo ha expulsado cautelarmente como militante.

La Guardia Civil también detuvo a cuatro altos cargos de la empresa energética Cofely, sobre la que pivota la trama, entre ellos a su director general. Parla firmó un contrato con la compañía en julio de 2013 por 15 años y una cifra de negocios global de 54,7 millones de euros. Con el acuerdo, la localidad ahorraría un 40% del consumo en alumbrado público y más del 6% en el de edificios. Además de la “optimización del consumo”, Cofely preveía reducir al año alrededor de mil toneladas de CO2.

El rol de esta empresa dentro del entramado destapado por la Guardia Civil cobró trascendencia no solo en los Ayuntamientos investigados. También en otros municipios, como Alcalá de Henares. El portavoz municipal del PSOE en la localidad, Javier Rodríguez Palacios, exigió al alcalde, Javier Bello (PP), que “aporte toda la documentación” relacionada con el proceso de privatización del servicio de gestión energética, adjudicado a Cofely a finales de 2013 por 14 millones. “Hemos venido solicitando el expediente completo de este contrato y en particular el informe externo que sirvió para adjudicar finalmente el concurso a Cofely. Este informe fue pagado por la propia empresa, tal y como se nos informó en diferentes comisiones de pleno, aunque nunca nos fue proporcionado”, subrayó Rodríguez Palacios.

El único partido indemne que dejó la operación policial de los cuatro que se reparten los 129 escaños del Parlamento regional fue UPyD. La detención del alcalde de Serranillos del Valle, el independiente Antonio Sánchez, que fue en las listas europeas de Ciudadanos, fue celebrada en la formación magenta, en pleno debate interno sobre si deben o no fusionarse con el partido de Albert Rivera.