Los agentes registran el Ayuntamiento de Valdemoro en la Operación Púnica

El Ayuntamiento de Valdemoro ha sido desalojado alrededor de las nueve de la mañana cuando han entrado agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y ha pedido a todos los funcionarios que se alejaran de sus puestos de trabajo, que abandonaran el edificio y que dejaran tanto sus números de teléfonos móviles, así como las claves de acceso de sus ordenadores. En el marco de la Operación Púnica, que investiga una supuesta trama de corrupción, los agentes han entrado tanto uniformados, como con chalecos del instituto armado, y han obligado a dejar expedita la zona en cuestión de minutos.

Los registros continúan en la sede central del ayuntamiento, en el número 11 de la Plaza de la Constitución, donde hay seis coches de la guardia civil y otros tantos camuflados en el exterior, mientras se está realizando el registro dentro. La puerta y las persianas permanecen cerradas de tal forma que no se ve nada del interior,.

En la plaza porticada se ha congregado más de un centenar de vecinos que de vez en cuando irrumpen a gritos en contra de los gobernantes del consistorio. Les llaman entre otras cosas “chorizos”. La manifestación ha surgido de manera espontánea y hasta el momento no se ha vivido ningún incidente.

Mientras los agentes de la UCO inspeccionaban Valdemoro, otro grupo ha entrado en el área de contabilidad del ayuntamiento de Móstoles (210.000 habitantes), también gobernado por el Partido Popular. Los agentes de nuevo han pedido a todos los funcionarios que abandonen las dependencias y que dejen sus ordenadores libres. Desde el ayuntamiento se ha emitido un breve comunicado en el que se informa que el Consistorio se ha puesto “a disposición de la guardia civil y de la justicia para colaborar en cualquier investigación que estas instituciones estimen oportunas realizar en el presente o en el futuro”.

Desde primera hora de este lunes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está llevando a cabo una macro operación contra una trama de supuesta corrupción municipal y regional en la que están implicados varios Ayuntamientos y entidades provinciales y autonómicas de Madrid, Murcia, León y Valencia. El valor de las adjudicaciones obtenidas de forma irregular asciende a 250 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción. Entre los 51 políticos, empresarios y funcionarios detenidos se encuentra Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011 y mano derecha durante años de la expresidenta Esperanza Aguirre. La Guardia Civil ha arrestado también a seis alcaldes de Madrid y al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, del PP.