Una imputada por Gürtel apunta al equipo de Blasco en Territorio

El expediente era “impecable desde el punto de vista de su formalización por la Administración autonómica”, llegó a declarar Rafael Blasco, al tiempo que se desmarcaba de cualquier responsabilidad. Él era consejero de Territorio y Vivienda cuando Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos), una empresa pública dependiente de su departamento, firmó en 2004 el primero de una larga serie de contratos irregulares de la Generalitat con Orange Market, terminal valenciana de la trama Gürtel.

Blasco está hoy condenado a ocho años de prisión por otro fraude, el de las ayudas de Cooperación, cometido en 2008, cuando ocupó la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía. Y el contrato con Orange Market para la elaboración de un vídeo sobre el uso del contenedor amarillo, que nunca se hizo, es investigado por el juez José Ceres, del Tribunal Superior de Justicia, en la pieza sobre las adjudicaciones a la trama que dirigía Francisco Correa y tenía a Álvaro Pérez como cabeza visible en Valencia.

Por el contrato con Orange Market están imputados Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Isabel Jordán y Mónica Magariños, los cabecillas y las empleadas de la trama; Juan Miguel Bellver, Joaquín Fernando Tomás Font de Mora y Antonio Santo Juan, directivos de Vaersa; así como Patricia Callaghan, de la consejería. Esta funcionaria, que era jefa de sección, es la única imputada del departamento. Hecho que destaca en su recurso al auto del juez del pasado julio por el que se incoaba procedimiento abreviado. Callaghan, cuya imputación se basa en que era señalada como contacto en relación con el vídeo sobre el contenedor amarillo, centra su defensa en señalar que su función, como técnico de educación medioambiental, consistía en “la supervisión de cualquier trabajo interno o externo en este ámbito”.

Tras sostener que no tenía capacidad de decidir ni actuar en materia de contratación, recuerda que en el escalafón de la consejería estaban por encima de ella el consejero Rafael Blasco, el director general Jorge Lamparero y los jefes de área de Calidad Ambiental, Francisco Segura, y de Residuos, Carmen de Rosa. La defensa de Callaghan añade que Blasco era presidente y Lamparero consejero de Vaersa, la empresa que firmó el contrato. Además, recuerda que por las declaraciones prestadas consta la amistad de Ignacio Blanch, gerente de Orange Market, que no está imputado, con Lamparero y de este último con Santo Juan. “Se ha declarado que el señor Blanch y el señor Segura se carteaban con frecuencia y que se iban a comer juntos con la señora De Rosa para tratar sobre este contrato”, añade.

Cargos de Territorio que se reunieron con Pablo Crespo no están imputados

La celebración de reuniones con los altos cargos del equipo de Blasco a las que asistió Pablo Crespo, lugarteniente de Correa, es destacada también por la defensa de Callaghan. Singularmente, se refiere a una de enero de 2004 sobre la que queda constancia en el sumario de que Orange Market consideró tan fructífero su contenido como para plantear la necesidad de más encuentros en los que acotar la materia tratada.

Según su escrito, Callaghan participó en el seguimiento de los trabajos de Orange Market “porque fue designada por su superior, el jefe de área Francisco Segura”, como experta en educación ambiental, pero no tenía capacidades directivas. “Ha quedado acreditado”, sostiene la defensa, “que Orange Market vino a la Comunidad Valenciana después de haber sido contratada en numerosas ocasiones por el PP, por medio de contactos en las altas esferas de la Generalitat. No se sostiene que una simple jefa de sección pueda introducir a ninguna empresa y menos si ésta está íntimamente relacionada con un partido político del que la señora Callaghan no es ni simpatizante”.