UGT defiende en bloque la inocencia de sus exdirigentes imputados

El sindicato UGT ha defendido en bloque a sus exlíderes andaluces Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla tras ser imputados el miércoles por un posible fraude en el uso de subvenciones mediante facturas falsas. Lo ha hecho la secretaria general de la central en Andalucía, Carmen Castilla. “Creemos en la presunción de inocencia. Pedimos respeto para la justicia”, ha afirmado. Y también el secretario general de UGT, Cándido Méndez. “Tenemos meridianamente claro que no ha habido ningún enriquecimiento personal”, ha señalado. Con la imputación de los dos exdirigentes, el juez Juan Jesús García Vélez atendió la petición formulada hace dos semanas por la Fiscalía Anticorrupción, que considera que Pastrana y Fernández Sevilla no solo eran conocedores de esta “financiación ilícita” sino que también “tomaron decisiones en relación con los hechos”.

Como muestra de apoyo, Carmen Castilla ha asegurado que UGT no tomará medidas contra los dos exdirigentes, quienes siguen afiliados al sindicato. “Tenemos una comisión de garantías confederal que es la que decide esos temas. Pero, si defendemos su presunción de inocencia, sería arriesgado tomar medidas de este tipo”, ha dicho la responsable sindical, informa Europa Press. “No voy a ir de justiciera por la vida”, ha agregado la secretaria general antes de pedir celeridad al magistrado. “Si hay alguien que lo ha hecho mal, lo tendrá que pagar ante la justicia y el sindicato tomará medidas”, ha advertido.

Quien sí ha dejado la puerta abierta a posibles medidas a corto plazo ha sido Cándido Méndez. Tras defender que los cursos subvencionados de UGT “se llevaron a efecto”, el secretario general ha asegurado que el sindicato esperará a conocer el contenido de las declaraciones de Pastrana y Fernández Sevilla —también imputado en el caso de los ERE por su papel en el expediente de la empresa Altadis— antes de tomar una decisión. “En función de su contenido, el sindicato valorará si debe tomar algún tipo de iniciativa”, ha señalado Méndez, quien ha confiado en que ambos imputados aporten al magistrado “una declaración pormenorizada y concreta de lo que ha podido acontecer”. “Los cursos y las actividades se han llevado a efecto. Eso no lo duda nadie. Los problemas son de justificación”, ha agregado.

La imputación de Pastrana y Fernández Sevilla no ha cogido a nadie por sorpresa. Solo era cuestión de días que el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla atendiera a la petición del ministerio público. “Desde que hace dos semanas salió el escrito de la fiscalía, hemos defendido la presunción de inocencia”, ha afirmado Castilla, quien ocupó el cargo tras la dimisión en noviembre de Fernández Sevilla, acorralado por este escándalo. “UGT ha hecho algo que otros no hicieron: un relevo en la dirección del sindicato porque había posibilidades de que esto ocurriera”, ha apuntado Castilla en referencia a la imputación de su antecesor.

Pastrana, al frente de UGT durante 15 años, y Fernández Sevilla afrontan una severa acusación como actores fundamentales en la supuesta financiación irregular. Según la Fiscalía Anticorrupción, “la central de compras fue inspiración directa de Manuel Pastrana (…) y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández”. Pero el ministerio público va más allá. “Este modo de financiación irregular habría llegado a tener tal magnitud que, prácticamente, casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados con los fondos destinados a subvenciones para la formación. Tan solo un porcentaje muy residual, injustificables per se y codificados con los dígitos 91, no se sufragaban de tal forma”, según su escrito. Y ello, a través de dos mecanismos: el rápel —descuento concedido por las empresas a UGT como gran cliente y del que no informaba a la Junta— y el bote —trasladar facturas infladas a la Administración sobre compras ficticias de artículos para los cursos—.

En defensa de la labor del sindicato, Castilla también ha respondido a las acusaciones del funcionario Teodoro Montes, testigo clave en la macrocausa sobre los cursos de formación que instruye la juez Mercedes Alaya. Montes aseguró ante la magistrada que tanto CC OO como UGT cobraron mordidas de hasta el 20% gracias a la subcontratación de los cursos. “Si ha afectado a nuestra honorabilidad tomaremos las medidas oportunas pero no se puede juzgar a alguien por lo que sale en la prensa. Es algo que hemos pedido para nuestra organización y que, por tanto, pedimos también para el resto”, ha afirmado la responsable.

Castilla ha formulado esta advertencia un día después de que la juez Alaya asegurara que no iba “a consentir ningún tipo de presión o coacción” hacia Montes, a raíz de la demanda presentada por la Fundación Pública Andaluza para la Integración de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) y la anunciada por Comisiones Obreras. “El tiempo pone las cosas en su sitio y a los jueces hay que dejarlos trabajar. Los juicios paralelos traen consecuencias negativas”, ha señalado Castilla.