El liquidador admite la dificultad de cerrar RTVV por los juicios pendientes
Admiten que se han negado a pagar facturas por contratos irregulares en Canal 9 con la productora Triskel y el Villareal
La sombra de la corrupción en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) es tan alargada que incluso los últimos elegidos por la Generalitat para liquidarla se niegan a pagar la deuda contraída por Canal 9 con la productora Triskel y con el Villareal por irregularidades en sus contrataciones. Además, los liquidadores admiten la imposibilidad de extinguir RTVV SAU el 30 de junio del próximo año, como estaba previsto en el acuerdo del expediente de extinción de empleo, por los diversos frentes judiciales que continuarán abiertos. Y tampoco se puede liquidar el ente de la anterior empresa RTVV, la que se quedó con la deuda financiera que llegó a ser de 1.200 millones de euros, porque los bancos extranjeros (sobre todo alemanes) acreedores rechazan la subrogación a la Generalitat.
En definitiva, la primera comparecencia de los tres liquidadores en la comisión de control de RTVV en las Cortes Valencianas, puso este martes de manifiesto el monumental embrollo judicial y económico al que ha conducido la gestión de la empresa pública autonómica, cuyo accionista único es la Generalitat. Tanto es así que la posibilidad de reabrir la cadena, según ha anunciado la oposición si gana en las elecciones autonómicas del 25 mayo del 2015, entrañaría múltiples dificultades jurídicas, económicas y laborales, como dejó patente la comparecencia.
En ella, el presidente del Consejo de Liquidación de RTVV, Carlos Cervantes, señaló su objetivo: “Pagar a los acreedores en 2015 y culminar las tareas de liquidación en la fecha del acuerdo del ERE, que es el 30 de junio de ese año”. Ahora bien, “siempre quedarán las relaciones jurídicas derivadas de procesos abiertos contra la televisión; algunas de naturaleza laboral, otras de naturaleza mercantil por algún acreedor que puede preferir la vía judicial para cobrar”. Por tanto, “hasta que no se culmine la relación no se puede proceder a la extinción jurídica de la compañía”, agregó Cervantes, que recordó que el consejo de liquidadores fue nombrado en marzo de 2013.
Además, hay tres causas abiertas en los juzgados que afectan a RTVV: la presunta mordida en la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, en una pieza del caso Gürtel; la demanda de Compromís y CC OO por el agujero económico; y el proceso contra el ex secretario general de RTVV Vicente Sanz por supuesto abuso sexual a tres exempleadas. Además, hay un recurso de inconstitucionalidad por el cierre de RTVV interpuesto por el PSOE y una demanda de la CGT contra el acuerdo del ERE de extinción.
La oposición fue muy crítica. El más incisivo fue Josep Moreno, el diputado socialista que había solicitado la comparecencia. Exigió la presencia en la mesa de los otros dos liquidadores, Carlos Pérez-Marsá Vallbona y José Hernández Pons, que al poco se sumaron a Cervantes reprochó a los tres su intención de no comparecer en las Cortes, lo que ellos negaron. Moreno formuló hasta 43 preguntas y amenazó con denunciar a la fiscalía la falta de custodia del archivo documental administrativo de RTVV, entre otras cuestiones, si no recibía la información.
El diputado socialista inquirió por la falta de la auditoría externa preceptiva en las cuentas de RTVV. Cervantes contestó que hasta hace dos semanas no se contrató a la auditora por parte de la Intervención de la Generalitat.
El portavoz adjunto de EUPV, Ignacio Blanco, señaló que deberían comparecer también los “verdaderos liquidadores” de RTVV, Alberto Fabra, José Ciscar y Serafín Castellano, y cargó contra la opacidad en la gestión de RTVV.
Archivo audiovisual
El portavoz de Compromís, Enric Morera, afirmó que “será imposible liquidar RTVV antes de junio de 2015” porque el proceso está “viciado de nulidad”, y puso como fecha de reapertura el 9 de octubre del próximo año.
Sobre la red de transporte de la señal de RTVV, que utilizan servicios como el 112, Cervantes respondió que el objetivo es que la Generalitat asuma su titularidad y mantenimiento y aseguró que se opera con “gran celo” para mantener “lo mejor posible” el archivo audiovisual. El presidente de los liquidadores señaló que en estos momentos no se ha preparado ninguna subasta de venta. Peréz-Marsá añadió que el desmantelamiento empezó por las instalaciones de Ràdio Nou en Valencia porque era “más fácil”.
Contratos que ahora nadie paga
A preguntas de la oposición, el presidente del Consejo de Liquidadores, Carlos Cervantes, explicó que tampoco tenía intención de pagar las facturas derivadas de dos polémicos contratatos: Uno por la compra de tres documentales de sesgo ultraconservador a la productora Triskel, una compra que fue defendida en las Cortes por el propio vicepresidente del Consell, José Ciscar; y otro para la promoción del Villareal.
Cervantes señaló que se acordó no pagar a Triskel porque existe un informe interno de la televisión “que ponía en tela de juicio el valor de sus pagos” y si RTVV debe pagar a esta empresa “lo decidirá un juez”. La exdirectora general Rosa Vidal, con el respaldo del consejo de administración, ya se negó a desembolsar el coste de los documentales (sobre Alfredo Pérez Rubalcaba, Baltasar Garzón y los GAL) que en el acuerdo inicial con Canal 9 se elevaba a 532.500 euros, más el IVA.
De igual modo, Cervantes señaló que tampoco se van a atender facturas pendientes en el contrato de patrocinio con el equipo de fútbol del Villareal (que cobró por este concepto unos 7.5 millones de euros, según el diputado de EU Ignacio Blanco) porque el personal de la cadena “informó de que no se correspondían con las prestaciones que estaban pactadas”.
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