Los liquidadores de RTVV excusan su comparecencia en las Cortes
Lamentan la poca antelación con que han sido citados e insisten en que tienen compromisos de agenda previos
A finales de noviembre se cumplirá un año del cierre de la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y ningún responsable ha comparecido ante la Comisión de Control del ente de las Cortes Valencianas para ofrecer explicaciones. Casi doce meses después de que Alberto Fabra echara el cierre al canal, el Parlamento valenciano ha citado al equipo encargado de la liquidación del ente para que comparezca el próximo martes 21 de octubre pero éstos acaban de excusarse por escrito por la escasa antelación con que han sido citados.
"Por la presente y a causa de la poca antelación con que hemos recibido el orden del día de la próxima Comisión de Control de las Cortes, hemos de excusar nuestra asistencia a comparecer por motivos de agenda contraídos previamente", firman Carlos F. Cervantes, J. Vicente Hernández y Carlos Pérez-Marsá, los tres miembros del Consejo de Liquidación de RTVV. Los tres se ponen, no obstante, a disposición para comparecer en otra fecha distinta.
Nadie ha dado desde entonces detalles de la operación. Los socialistas presentaron en mayo un escrito para que los liquidadores explicasen la situación del ente pero no comparecieron porque dos de ellos dimitieron en junio de este año.
La Comisión de Control de RTVV los ha citado la próxima semana, probablemente la última hábil pues a continuación se abrirá el debate parlamentario de los Presupuestos de la Generalitat y luego prácticamente se echarán encima las elecciones autonómicas de 2015.
Fuentes parlamentarias señalan que el presidente de las Cortes y la propia Mesa están intentando que los liquidadores comparezcan pero la comparecencia no está definitivamente resuelta pues existen dudas.
La oposición ya intentó que compareciera la secretaria autonómica de Comunicación de la Generalitat, Lola Johnson -exdirectora de TVV- pero no fue posible porque dimitió solo unas horas después de ser imputada por un juzgado de Paterna por supuesta responsabilidad en la gestión económica y patrimonial que llevó al cierre del canal.
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