Cien mil euros de sanción a la Complutense por hacinar cadáveres

La inspectora de trabajo Pilar Carranza Moreno entró en los sótanos de la facultad de Medicina de la Complutense el pasado 20 de mayo, al día siguiente de que estallara el escándalo por el hacinamiento de cientos de cadáveres donados para la investigación científica. Según narra en su informe, “algunos cuerpos tenían todavía los pañales puestos, no estaban secos, presentaban diferentes estados de putrefacción”. Las arcadas provocadas por “el fuerte olor” la obligaron a salirse de esa sala llamada “el secadero”. Acto seguido pudo comprobar que el horno crematorio, construido en 1989 y que funcionaba irregularmente en la habitación contigua, se había usado hasta “pocos minutos antes”, tal y como se dedujo por el calor desprendido y los restos de huesos y cenizas que había dentro. Samuel, el responsable del crematorio, se quitó los cascos que solía usar para aislarse del ruido del artefacto, y le explicó que utilizaba un pesado rastrillo de hierro para retirar las cenizas y que no tenía manual de instrucciones del horno.

Algunos cuerpos tenían todavía los pañales puestos, dice la inspectora

Hoy, cuatro meses y medio después de aquel siniestro y resbaladizo paseo por las profundidades del departamento de Anatomía II —casi se cae “debido a que el suelo tenía grasa de los cadáveres”—, las observaciones de la inspectora Carranza han adquirido la forma de una multa de 100.000 euros contra la Complutense y de una retahíla de requerimientos por otras tantas infracciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La Universidad, con el rector José Carrillo a la cabeza, ha presentado ya un recurso contra dicha sanción. “Hemos recurrido porque no estamos de acuerdo con las argumentaciones, algunas de las cuales son burdas”, aseguran fuentes del Rectorado, que evitan dar detalles al respecto por considerar que el caso está “en fase de instrucción”. Sin embargo, en su día, Carrillo reconoció el caos existente en la organización y el uso de los restos humanos de esa facultad y presentó una denuncia ante la Fiscalía para que adoptase las medidas oportunas. Prometió también que se conocerían los pormenores de la situación y de las medidas adoptadas, además de expedientar al director del citado departamento, José Ramón Mérida, y encargar un informe de inspección interno del que aún no se conocen los resultados. De hecho, y pese a que la Inspección urge la corrección “inmediata” de la situación y da de plazo hasta el 30 de septiembre para presentar un plan, éste “está en proceso de finalización”, según fuentes del rectorado.

El listado de infracciones enumeradas en el informe de la inspectora Carranza refleja incompatibilidades graves como que “el jefe de personal de la universidad sea también el responsable de prevención de riesgos laborales”. Señala la “inadmisible” desatención y el incumplimiento reiterado (desde 2004) de los informes encargados por la propia institución académica —y elaborados por el Servicio de Prevención de Fremap—, que ya hablaban de que “los niveles de formaldehído superaban en 24,35 veces los legalmente permitidos”. Dichos informes, aparte de al director del departamento, eran enviados con copia al decano, al gerente y al vicegerente de recursos humanos de la facultad. Entre la lista de infracciones se destaca que la Complutense cuenta solo con tres médicos y cinco ATS para las 11.000 personas que trabajan allí y que la inversión total en prevención —“para todas las facultades”— es de 365.000 euros.

La inspectora no escatima en sus valoraciones: “No es admisible que después de disponer de evaluación de riesgos biológicos desde el año 2004, de estudio de contaminantes químicos desde 2007 y de evaluación de los riesgos desde 2011 en el departamento de Anatomía II no se hayan adoptado medidas para corregir esas situaciones de riesgo”.

Durante el verano se fusionaron ambos departamentos —Anatomía I y Anatomía II, que históricamente habían funcionado de manera independiente—, se desinfectaron los sótanos y se deshicieron de 384 “piezas cadavéricas” de las más de 500 que había en las cámaras. Sin embargo, al menos tres técnicos de los que trabajaban en esos bajos fondos siguen de baja “por incapacidad laboral” y el director del departamento, José Ramón Mérida, continúa en su despacho.