La Audiencia Nacional rechaza investigar las preferentes de NCG

La venta de las participaciones preferentes en Galicia a pequeños ahorradores constituyó una “estafa”, según han señalado reiteradamente dirigentes políticos de todo signo, empezando por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Pero esa supuesta estafa sigue impune y ni siquiera se ha logrado abrir una investigación judicial al respecto. El sindicato CIG lo intentó con una querella ante la Audiencia Nacional contra los máximos directivos de las desaparecidas cajas gallegas, luego fusionadas en Novacaixagalicia, pero la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de ese organismo judicial se declaró ayer incompetente para investigar los hechos. Otros juzgados de la Audiencia Nacional, sin embargo, tienen abiertas diligencias sobre la venta de preferentes en entidades como Bankia, Caixa Penedés o Bancaja.

 Este intento de dirimir quién es el responsable de haber comercializado productos financieros de gran complejidad entre pequeños ahorradores sin conocimientos para discernir el riesgo que conllevaban se inició el año pasado en Vigo. Un total de 169 perjudicados presentaron denuncias individuales en similares términos ante el Juzgado de Instrucción número 2. Este se declaró incompetente para dirimir un asunto cuyo ámbito territorial es el de las cuatro provincias gallegas y elevó el caso a la Audiencia Nacional. Pero esta, a su vez, también lo rehusó y decidió devolverlo al juzgado vigués, que lo archivó poco después alegando inconcreción en las denuncias.

La CIG decidió entonces reconducir el asunto con una querella ante la Audiencia Nacional en la que identificaba a 79 presuntos implicados en la decisión de colocar masivamente las preferentes, entre ellos los máximos responsables de Caixa Galicia, José Luis Méndez y Mauro Varela, y de Caixanova, José Luis Pego y Julio Fernández Gayoso. Pero el titular del juzgado número 1 de la Audiencia, Santiago Pedraz, se declaró incompetente. El sindicato recurrió la decisión, que ayer fue ratificada por los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, en una resolución que, como único argumento, remite a la ley que regula las atribuciones de la Audiencia Nacional.

La CIG no tira la toalla y tratará de reactivar el caso en un juzgado gallego. Su secretario general, Suso Seixo, se declaró “sorprendido” por la decisión. “Parece que todos quieren echar balones fuera”, lamentó.