Tres pedanías de Jerez recuperan la gestión pública del agua

Más de 8.000 vecinos de Jerez han recuperado la gestión pública del servicio más elemental: el agua. Los alcaldes de las pedanías de Guadalcacín, Torrecera y Estella se han opuesto frontalmente a la privatización consumada por el gobierno matriz, que encabeza la alcaldesa María José García Pelayo (PP) y, tras año y medio de tramitación, han conseguido remunicipalizar este servicio que, desde 2013, explota la empresa privada Aqualia en Jerez.

Las tres entidades locales han firmado este martes un convenio que permite a la empresa pública Aguas de la Sierra (ente dependiente de la mancomunidad de municipios de la serranía gaditana) hacerse cargo del servicio desde el inicio del próximo año. Los vecinos de las pedanías jerezanas notarán los efectos de la municipalización desde la primera factura. De hecho, el precio del recibo se abaratará un 20%, según ha explicado el presidente de la empresa, José Holgado, quien ya avanza que si se suman más ELAS (Entidades Locales Menores) se puede llegar a reducir la tarifa para los abonados “entre un 28” y un 30%”.

Para recuperar el control público del agua, los regidores de los tres núcleos pedáneos han tenido que renunciar a cobrar la parte proporcional del canon de 80,1 millones de euros que ha ingresado Jerez por una privatización que durará 25 años. La alcaldesa de Guadalcacín, Nieves Mendoza (Unión Rural Jerezana), arguye que prefiere “renunciar a un millón de euros que algunos (en alusión a Pelayo) utilizan para hacer inversiones a unos meses de las elecciones, y, a cambio, conservar el agua en manos públicas, que los vecinos paguen lo justo por el servicio y que ese dinero, esos 20 euros que va a ahorrar una familia media de cuatro miembros por recibo, quede en sus bolsillos”.

El regidor de Torrecera, el independiente Manuel Bertolet, defendió que el canon de la concesión del servicio no es más que un préstamo que hace la compañía por explotar del agua hasta 2038, un crédito que se cobra de los ciudadanos “a un alto interés”, sobre todo si se tiene en cuenta que los beneficios que obtendrá Aqualia según el propio Consistorio superarán los 300 millones de euros.

Mientras las tres pedanías se desligan de la privatización aprobada por el gobierno municipal jerezano, la Coordinadora en Defensa del Agua, que reunió hasta 10.000 firmas contra el cambio de modelo de gestión, advierte al Ayuntamiento de que va "a mirar con lupa el pliego de condiciones" firmado con la multinacional ante los incumplimientos que ya detectan. "Ni la empresa está haciendo la inversión anual de un millón de euros en infraestructuras que se recogía por escrito ni está funcionando el servicio técnico municipal integrado por hasta tres personas que debía estar supervisando los trabajos que realiza la firma en el ciclo integral del agua", protesta el portavoz, Francisco López. Desde la plataforma también han pedido a la alcaldesa Pelayo una explicación por escrito sobre "la cesión de datos personales de los usuarios a terceros sin consentimiento expreso".

Aguas de la Sierra ya gestiona el ciclo integral del agua para 20.000 habitantes de un total de 14 municipios.