El obispo de Jerez se suma a la campaña para el indulto de Pacheco

Desde que el pasado 19 de septiembre el Tribunal Supremo condenó en firme al exalcalde de Jerez Pedro Pacheco a cinco años y medio de prisión por dos casos de enchufismo en sociedades municipales, un grupo de amigos y antiguos concejales de corporación del histórico político andaluz inició una recogida de firmas para formular la petición de indulto. No están bien organizados ni cuentan con grandes infraestructuras, pero en menos de 20 días han acumulado unas 5.000 adhesiones a esta solicitud.

Aunque la mayoría de las rúbricas corresponden a personas anónimas, también hay personalidades. El obispo de Jerez, José Mazuelos, es uno de los que ha suscrito la medida de gracia. El prelado firma y estampa un sello en un escrito en el que defiende “el indulto total” y aboga por que el exregidor “quede exento de toda responsabilidad penal” por “su larga trayectoria de servicio a la ciudadanía”. En el documento que sella Mazuelos se atribuye al veterano líder andalucista “la transformación de la ciudad, su modernización, vertebración social”, así como su contribución a la promoción de Jerez “como una marca conocida internacionalmente a través de la industria del turismo, del ocio y del motor”.

Además de la máxima autoridad de la Iglesia en Jerez, se dirigen al Ministerio de Justicia el artista José Mercé, la cantaora Tomasa Guerrero, La Macanita, y el guitarrista Paco Cepero. También, el Xerez Deportivo, la federación de peñas flamencas, la Comunidad Mercedaria, seis hermandades, numerosas parroquias, la asociación andaluza de escuelas taurinas, la asociación cultural taurina de ayuda a jóvenes valores, la federación de asociaciones de vecinos y la religiosa Sor Agustina, una hija de la caridad que lideró una destacada obra social en la zona rural de Jerez y que llegó a ser el azote de Pacheco décadas atrás. “Pido a los ciudadanos que colaboren por lo mucho que hizo por la ciudad mientras fue alcalde. Todo aquí lleva su firma. Personalmente tengo que agradecerle que siempre solucionó los problemas que le planteé relacionados con las familias necesitadas”, lanza la emblemática monja jerezana.

Esta campaña de recogida de firmas poco tiene que ver con la que se impulsó en la ciudad a finales de los años ochenta para salvar al lenguaraz alcalde que soltó aquello tan sonado de “la justicia es un cachondeo”. Entonces se sumaron sindicatos, empresarios, la sociedad civil y religiosa, además de políticos de todos los signos, los mismos que ahora se niegan a solicitar el indulto en un caso de corrupción política por muy elevada que les parezca la condena al exalcalde.

La petición de la medida de gracia que se registrará en el ministerio y que ultima el bufete de abogados de Pedro Pacheco va acompañada de una extensa documentación en la que se recogen otras condenas dictadas por los tribunales con el fin de evidenciar “la desproporción” del fallo impuesto al exalcalde por la colocación irregular de dos compañeros de partido como asesores. En varias páginas reseñan que sólo 22 de los 800 políticos imputados que había en España en 2012 han pisado una cárcel. A partir de ahí, se enumeran varias condenas. El exalcalde de Fortuna (Murcia), Matías Carrillo (PP), fue sentenciado a diez años de inhabilitación por comprar votos en unas elecciones a cambio de puestos de trabajo en el Ayuntamiento. El exregidor del Valle de Abdalajís (Málaga), Tomás Gómez (PP), fue condenado a tres años de cárcel por 12 delitos de prevaricación urbanística. Para el exconcejal de Urbanismo del Consistorio de Palma, también del PP, dictaminaron dos años de prisión por gastar 52.000 euros de dinero público en clubes de alterne y casas de masaje. El exregidor de Ponteareas, igualmente popular, fue sentenciado a siete años de inhabilitación por 23 contrataciones irregulares de interventores del PP, algunos de ellos familiares. La exalcaldesa de Chipiona (PSOE) fue condenada a siete años de inhabilitación por más de 300 contratos irregulares. La lista incluye 14 casos más.