Aplazado el interrogatorio de Sonia Castedo por el ‘caso Rabassa’

Los recursos presentados por el constructor Enrique Ortiz y dos funcionarios de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, todos imputados en el caso Rabassa, van a retrasar aún más el comienzo de un juicio que investiga el supuesto trato de favor dado desde el Consistorio alicantino al empresario. Hasta la resolución de esos recursos, el magistrado Juan Carlos Cerón ha aplazado todas las comparecencias previstas, incluida la de la alcaldesa Sonia Castedo, también imputada.

El juzgado número 6 instruye las diligencias sobre la tramitación del plan urbanístico Rabasa, que preveía la construcción de más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados y en cuyo entorno está previsto situar una tienda de la multinacional sueca del mueble Ikea. Se trata de una de las piezas separadas del caso Brugal, y el pasado 17 de septiembre el magistrado citó a ocho personas para declarar como imputados, entre ellos Castedo, Díaz Alperi y Ortiz.

Las declaraciones de los imputados, que comenzaban a finales de octubre con el empresario Enrique Ortiz, quedan pospuestas. Antes habrá de aclararse el incidente de nulidad interpuesto por la defensa de Enrique Ortiz y los dos recursos del gerente de Urbanismo, Enrique Sanus,y de la responsable jurídica del departamento, Isabel Campos. Las partes acusadoras tienen 10 días de plazo para recurrir.

Desde que el informe policial salió a la luz, el caso Rabassa ha sido un dolor de cabeza para Sonia Castedo, que se resiste a dimitir pese a las insinuaciones del PArtido Popular y la presión de la oposición municipal. Se da la circunstancia de que la alcaldesa popular ya figuraba como imputada en otra de las ramas del Brugal, que investiga el juzgado de Instrucción número 5, la relativa al presunto amaño en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a favor del mismo empresario: Enrique Ortiz.

La investigación sobre Rabasa se activó a raíz de una denuncia presentada hace dos años por Esquerra Unida, y a los imputados se les atribuye los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Sobreseimiento de Díaz Alperi

Cerón además sobresee las actuaciones para Luis Díaz Alperi, exalcalde de Alicante y precedesor de Castedo. El juez no ha apreciado indicios de delito en su actuación en el informe policial elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) y ha tomado la misma decisión de archivar el caso para la secretaria autonómica de Territorio, María Ángeles Ureña.

El juez ha considerado que el informe policial en torno a un viaje de Díaz Alperi a Oporto (Portugal) para una reunión con los responsables de Ikea, multinacional que tiene previsto abrir una macrotienda en el entorno del plan Rabasa, no concreta "indicio alguno" de posible delito del exalcalde.

Las acusaciones particulares y fiscalía podrán presentar antes de tres días un recurso de reforma ante el auto del juez o apelar directamente ante la Audiencia Provincial, opción que escogerá Esquerra Unida.