La Generalitat busca un acuerdo con el PSC para ingresar 800 millones

Los ayuntamientos metropolitanos del PSC y la Generalitat mantienen un intenso pulso para cerrar el acuerdo que permita al Gobierno de Artur Mas asegurarse un ingreso de 800 millones de euros antes que acabe el año con el traspaso de depuradoras. El acuerdo forma parte de su plan de realización de activos —privatizaciones y venta de patrimonio— con el que al principio del año pretendía levantar 2.300 millones. El tiempo apremia y, hasta ahora, ambas partes han sido incapaces de llegar a un pacto pese a que el Ejecutivo autonómico aprobó en junio el decreto con el que desencallaba los cambios normativos para hacerlo posible.

El Gobierno aprobó en junio un decreto mediante el cual asignaba al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) nuevas competencias en materia de gestión de agua, básicamente en lo referente a sistemas de saneamiento en alta. La AMB las asumía junto a las depuradoras de los 36 municipios que la integran, y se aseguraba el control del canon del agua por 30 años. A cambio, la Generalitat ingresará 800 millones, un balón de oxígeno para su maltrecha tesorería y para el objetivo de déficit de este año (1% del PIB), que está lejos de cumplir.

En las últimas semanas se han intensificado los contactos, que pasan por contentar a los municipios socialistas. La Generalitat es consciente de que está al límite del calendario y el PSC, liderado en las negociaciones por el alcalde de Cornellà y vicepresidente de la AMB, Antonio Balmón, intenta aprovechar esa carrera contrarreloj. Sus alcaldes temen los efectos que pueda tener acudir a las próximas elecciones municipales con el acuerdo bajo el brazo. Aunque las Administraciones sostienen que se trata de una medida meramente financiera, la operación se puede entender como una privatización del canon del agua, ya que quedará en manos de la sociedad mixta creada el año pasado por el AMB y Agbar, pero controlada en un 85% por la suministradora de agua y La Caixa. Además, sostiene parte del socialismo metropolitano, el acuerdo no es más que un favor a Mas para salvar las cuentas autonómicas.

De ahí que hayan puesto sobre la mesa condiciones para sacar el pacto adelante. Fuentes del Área Metropolitana hablan de dos. Una, que la Generalitat acepte congelar durante unos cinco años el canon del agua. Y dos, que la Generalitat se comprometa a que parte de los 800 millones que ingresará se destinen a enjugar la deuda con los municipios metropolitanos. El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet acaba de aprobar una moción en la que exige el pago de 15 millones que se le adeudan.

En las negociaciones hay otro fleco pendiente: el porcentaje del canon del agua que se ingresa en los 36 municipios del AMB que pasaría a controlar la sociedad mixta. Fuentes conocedoras de la negociación lo sitúan en 85 de los 150 millones de euros que se ingresan en concepto de canon en la Barcelona metropolitana.

Otras fuentes consultadas aseguran que si no hay un pacto a mediados de octubre no será posible cerrar la operación este año. El decreto aprobado en junio ya advertía de la necesidad de un proceso acelerado, especialmente porque la operación requiere de los pesados trámites no ya administrativos, sino de los mercados, donde la sociedad mixta Agbar-AMB tendrá que acudir a buscar el dinero en una operación de titulización del canon del agua asignado. Antes de que eso suceda, y previo pacto entre Generalitat y AMB, se han de suscribir dos convenios diferentes.