Las urnas consiguen sacar las pistas rurales de la crisis

El próximo mes de mayo hay elecciones municipales. Con ese objetivo en el calendario, es de esperar que todos los alcaldes de Galicia, con independencia del color político, aplaudirán que en cuestión de días la Xunta del PP y las cuatro diputaciones provinciales, incluida la de Lugo, gobernada por el socialista José Ramón Gómez Besteiro en coalición con el BNG, firmen un acuerdo para la mejora de caminos rurales de titularidad municipal. Si en el periodo 2013-2014 se invirtieron 14 millones de euros en pistas, en el programa 2014-2015 serán 25,5 millones, un 82% más. Un crecimiento difícil de encontrar en ninguna partida presupuestaria relacionada con las obras públicas desde el comienzo de la crisis.

“Sumamos todos los presupuestos para hacer un plan que beneficie a todos”, destacó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al término de la reunión semanal de su Gobierno, en la que se autorizó la firma de los correspondientes convenios. “Sumamos”, dijo el presidente, porque la realidad es que el grueso de los fondos, el 75%, procede de fondos de desarrollo rural de la Unión Europea, otro 12,13% lo aporta el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el restante 12,87% las cuatro diputaciones y la Xunta. Dentro de ese último grupo, y según fuentes provinciales que lamentan que Feijóo se apropiase del anuncio, la aportación del Gobierno gallego apenas supera el 2%.

En cuanto al reparto, la provincia de A Coruña se llevará ocho millones, Lugo siete, Ourense seis y Pontevedra cinco millones. Según el Gobierno gallego, esta inversión mejorará el desarrollo rural “desde una perspectiva integral y se refuerza la colaboración entre las Administraciones con el objetivo de poner en marcha actuaciones que redunden en la mejor prestación de servicios a la población por parte de los ayuntamientos”.

La Xunta también aprobó ayer un borrador de nuevo decreto de sanidad mortuoria, que ahora remitirá al Consello Consultivo y que según el presidente Feijóo va dirigido al “gran número de cementerios existentes en la comunidad sin regularizar”. La nota de prensa difundida por el Gobierno gallego insiste en la misma expresión, “gran número”, pero la Consellería de Sanidade admitió posteriormente que desconoce cuántos son.

Por otra parte, el Gobierno gallego también aprobó el nombramiento como nueva directora general de Traballo de Carmen Bouso, hasta ahora asesora jurídica en Medio Rural. Sustituye al dimitido Odilo Martiñá, que dejó el cargo la semana pasada un día antes de tener que comparecer ante la policía en el marco de una investigación por posible fraude de fondos públicos del empresario coruñés Gerardo Crespo, al que la propia Xunta llevó a la Fiscalía. Feijóo destacó ayer que la pasada semana aceptó el cese de Martiñá “de forma inmediata” pero remitió a él cualquier explicación. “A esa persona le corresponderá cualquier otra aclaración”, dijo.