La alcaldesa de Paterna y su antecesor niegan irregularidades ante la juez

El exalcalde de la localidad valenciana de Paterna Lorenzo Agustí, y la actual regidora, Elena Martínez, ambos del PP, han defendido este miércoles ante el juez que no había ningún informe que se pronunciara contra los contratos firmados por parte de la empresa municipal Gespa para promocionar la denominada Zona Franca (proyecto que contempla la creación de un megapolígono industrial con determinados beneficios fiscales).

Tanto Agustí como Martínez estaban citados a declarar como imputados, junto a la teniente alcalde y portavoz popular Maria Villajos, en el juzgado de Instrucción número 6 de Paterna, en una causa abierta por presunta prevaricación administrativa, en relación con la promoción de la Zona Franca.

En concreto, el origen de esta causa se remonta a una denuncia interpuesta por el grupo municipal Compromís ante Fiscalía, con fecha 20 de noviembre de 2013, en la que la formación política advertía de una serie de presuntas irregularidades en torno a contratos con la empresa municipal Gestión y Servicios Paterna S.L.U. (Gespa) para promocionar la Zona Franca.

La denuncia de Compromís parte del acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local de Paterna el 30 de abril de 2013, por vía de urgencia, para la Gestión del Marketing Global 2013 a la empresa Gespa. Sobre este contrato, Compromís alertaba de que Gespa, tal y como contemplan sus estatutos, tan solo puede prestar servicios de marketing dentro del término municipal. Sin embargo, en el nuevo encargo, se incluían servicios realizados "hasta en China", se especifica en la denuncia.

Durante las declaraciones, tanto Agustí como Martínez y Villajos han señalado que el informe de la Secretaría General en el que se basa Compromís para hacer su denuncia, en ningún caso hacía constar ninguna ilegalidad en la aprobación del anexo a la encomienda, tan sólo una serie de consideraciones que no impedían la adopción del acuerdo y que fueron tenidas en cuenta, han señalado desde el consistorio en un comunicado.

Además, han señalado que los gastos derivados para promocionar la aprobación del enclave industrial por parte del Ministerio de Hacienda han sido fiscalizados tanto por personal de la empresa municipal Gespa como por parte de los funcionarios municipales, incluidos los habilitados nacionales de Intervención y Tesorería, sin que haya habido ningún reparo por su parte.

Por todo, desde el equipo de Gobierno municipal se ha lamentado que una vez más, desde la oposición, "se quiere hacer uso de la Justicia con el único propósito de difamar la labor de alcalde y concejales, entorpeciendo el desarrollo de proyectos que pretenden estimular la recuperación de la economía local".

"Este extremo (han indicado) ha quedado meridianamente claro con el hecho de que la acusación haya tratado de impugnar la aportación de documentos que prueban que la Junta de Gobierno Local no aprobó nada sin los pertinentes informes favorables".

La abogada de la defensa ha presentado durante la vista el informe de la Jefa del Area de Promoción y Dinamización Municipal, que emitió previo a la aprobación del anexo a la encomienda de marketing que incluía los trabajos relativos a la Zona Franca y que cuenta con el sello de "Intervenido y Conforme" del Interventor Municipal.