Privatizar la seguridad de la cárcel de Picassent cuesta 800.000 euros

El sindicato Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) ha denunciado que la privatización de la vigilancia exterior del complejo penitenciario de Picassent, que comienza hoy, tendrá un coste anual de 800.000 euros.

Según un comunicado de Acaip, la privatización del servicio se ha iniciado con la incorporación de cinco vigilantes de la empresa de seguridad Segur Ibérica, distribuidos en tres turnos de trabajo, que realizarán labores de seguridad que hasta ahora eran desempeñadas por la Guardia Civil.

A juicio del sindicato, este "experimento" representa un "dispendio económico enorme y sin ningún sentido", ya que supone duplicar esos cinco servicios que hasta ahora eran realizados por un agente público, y ahora se realizarán por el mismo más el vigilante de la empresa privada.

"El coste anual aproximado, solo en el Complejo Penitenciario de Valencia, es de unos 800.000 euros", afirma ACAIP, que agrega que desde el Gobierno "se ha querido cuidar a las empresas de seguridad privada".

"De todos es conocida la vinculación de personas importantes dentro del partido que lo apoya con la mayoría de empresas de ese ramo, para ello no se dudó en modificar la Ley de Seguridad Ciudadana", denuncia el sindicato.

Además, añade que el procedimiento "no se ha realizado mediante concurso público, sino mediante procedimiento negociado sin publicidad, para que las condiciones no se publicitaran en ningún sitio".

Según ha explicado, todos los centros penitenciarios se repartieron en 4 lotes repartidos entre las distintas empresas a su conveniencia, y el lote que incluye a las prisiones de la Comunitat Valenciana tiene un coste anual de unos 8.850.000 euros.

"El importe global a nivel nacional de este pastel que se han repartido las empresas del ramo asciende a casi 40.500.000 de euros al año", afirma Acaip.

Según denuncia, "en todo momento este proceso se ha llevado con total oscurantismo y falta de transparencia, alegando supuestas cuestiones de seguridad" y agrega que en ningún momento "se ha facilitado información a los representantes de los Cuerpos de Seguridad que realizan esta labor, ni a los de los trabajadores penitenciarios".

Ante esa falta de información, desde Acaip se mantuvieron contactos con todos los grupos parlamentarios para que se solicitara esa información y se presentaron Enmiendas parlamentarias al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, proposiciones no de Ley y preguntas parlamentarias sobre la materia.

"Sin embargo, desde el Gobierno se ha ocultado esa información a los diputados, alegando las mismas razones de seguridad", explican desde el sindicato, que señala que todos los datos que se conocen "han sido por filtraciones de documentos".

Acaip recuerda que se desde el principio se han manifestado en contra de esta medida que, según afirma, "es la punta de lanza de un objetivo mucho más amplio que es privatizar todo el sistema penitenciario español, siguiendo el ejemplo de las prisiones privada que ya funcionan en Gran Bretaña o en Estados Unidos".

"Resulta sospechoso el secretismo con el que se ha llevado todo el proceso, queriendo ocultar la enorme cantidad de dinero que se va a malgastar en este tema para contentar a unos cuantos, mientras la mayoría de las prisiones españolas se caen a trozos por falta de mantenimiento o hay menos trabajadores en ellas porque no se cubren las jubilaciones y los fallecimientos", afirma.

Acaip también señala que se "pone en riesgo la seguridad de los centros penitenciarios, y por extensión la de sus trabajadores y los internos" ya que los vigilantes "sólo han realizado un breve curso, y no están en condiciones, ni de lejos, de garantizar la seguridad en las mismas condiciones que lo pueden hacer los miembros de los Cuerpos de Seguridad".