Un vídeo que no se grabó amenaza con llevar a la cárcel a tres cargos públicos

Un vídeo que la trama Gürtel nunca grabó amenaza con llevar a la cárcel a tres hombres que ocupaban cargos públicos en la empresa de medio ambiente de la Generalitat Vaersa. La Fiscalía Anticorrupción solicitó las penas para ellos el pasado viernes. Y no son menores. Siete años para el exdirector gerente Juan Miguel Bellver. Otros tantos para Antonio Santo Juan, jefe de comunicación. Y tres más para Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, que dirigía el gabinete jurídico de la sociedad. La rocambolesca historia del vídeo nunca realizado sobre el correcto uso del contenedor amarillo fue reconstruida por la Intervención General del Estado en un informe entregado al juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres en julio. La adjudicación resume otros muchos contratos por los que han sido procesados, en total, 21 antiguos responsables públicos, entre ellos tres consejeros.

El informe empieza señalando que “el expediente de contratación” realizado por Vaersa “no puede considerarse un expediente de contratación”. Carece, entre otras cosas, de orden de inicio y de pliego de condiciones.

El primer documento sobre la contratación, una “comparativa de ofertas”, recoge los presupuestos presentados por las tres empresas “invitadas” por Vaersa a hacer propuestas para quedarse con el encargo. Son Orange Market, Boomerangdrive y Down Town Consulting. Las tres pertenecían a la red Gürtel. Los tres presupuestos “presentan una redacción prácticamente similar”. Se comete en ellos “los mismos errores”, como indicar que la duración del vídeo será de 3” (segundos) en lugar de 3’ (minutos). Y presentan “una fecha de guardado idéntica”, de lo que la Intervención deduce que fueron creados por una misma persona que copió y pegó el contenido.

Ese análisis de las ofertas es de noviembre de 2004. Pero 11 meses antes la gente de Orange Market ya había acordado con altos cargos de la Consejería de Territorio y Vivienda “la elaboración de varios vídeos”, incluido uno sobre el reciclaje de residuos.

“Todo ello nos induce de forma razonable a considerar que el expediente cuyo objeto consistía en grabar, editar y realizar documentales fue encargado por la consejería directamente a Orange Market al margen de cualquier procedimiento de contratación y vulnerando los principios de publicidad, concurrencia y trasparencia”. A continuación, la consejería decidió que Vaersa corriera con la “financiación”. Y el resto de trámites se hicieron “con la única finalidad” de “dar cobertura” a la adjudicación.

El contrato entre la empresa pública y Orange Market se firmó en noviembre de 2004. Días después, tras proporcionar un “guión” del vídeo, la trama cobró el 50% de lo pactado: 69.310 euros. El contrato preveía que el vídeo fuera entregado el 20 de enero de 2005. En septiembre, Vaersa constató que no lo había recibido, pero exculpó a Orange Market y amplió el plazo hasta final de 2005.

El siguiente documento con sello oficial es de enero de 2007: Orange Market pide a Vaersa que dé el contrato por roto mencionando que la empresa pública había incumplido aspectos nunca antes contemplados. El día 30 de ese mes, el contrato se resolvió con la firma de un documento, elaborado por la trama, que exoneró a Orange Market de toda responsabilidad y le permitió conservar los 69.310 euros pese a no haber grabado el vídeo.