Un imputado en el ‘caso ERE’ salpica ahora al PSC en la trama de comisiones

El expresidente de Vitalia alude a un pago de 18 millones a varios empresarios

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados sevillanos este viernes.
La juez Mercedes Alaya, en los juzgados sevillanos este viernes.PACO PUENTES

El expresidente de Vitalia Eduardo Pascual, imputado por las comisiones ilegales del caso ERE, ha afirmado que 18 millones procedentes de las pólizas de los extrabajadores subvencionados por la Junta de Andalucía acabaron en “los bolsillos” de cuatro empresarios “vinculados” a la cúpula federal del PSOE. Sin aportar documentación y dos años después de su detención, Pascual amplió su declaración ante la juez Mercedes Alaya y sugirió la financiación del partido socialista por las comisiones de los ERE. Según su versión, el PSOE andaluz y el PSC pactaron para desviar 18 millones a los empresarios supuestamente afines a la cúpula federal socialista para que invirtieran en dos hoteles en República Dominicana.

“Los expedientes han sido captados en virtud de un acuerdo entre el PSC de Cataluña y el PSOE andaluz”, aseguró el exdirectivo catalán ante Alaya. Pascual aseguró que esto se hizo a través de la aseguradora catalana Fortia, intervenida por la Generalitat en 2009 tras su quiebra. Fortia percibió 100 millones desde la Junta para gestionar las pólizas de los ERE.

Pascual está acusado de tres delitos continuados de cohecho, malversación y prevaricación, además de asociación ilícita, entre otros. En su declaración, nombró a los empresarios y abogados Cruz Apestegui, Jesús Barderas, Antonio Garrigo y Eduardo Bajet, que supuestamente invirtieron el dinero recibido en los hoteles.

El empresario sostuvo que Barderas estaba al frente de las inversiones para supuestamente beneficiar al partido socialista: “Es la persona que en representación del PSOE lleva todo el tema de las inversiones internacionales en Sudamérica (...) También el Sr. Barderas es el administrador de los hoteles del Sr. Sarasola en República Dominicana”, declaró Pascual, imputado asimismo en la Audiencia Nacional por el caso Eurobank.

Pascual matizó que con los 100 millones procedentes de la Junta “se haría un pago anticipado del 3% al sr. Garrigó y un 15% debía invertirse en inversiones de interés para los empresarios vinculados con la cúpula del PSOE en Sudamérica”. El exdirectivo de Vitalia explicó que Garrigo y Apestegui son accionistas de Fortia Vida. El acusado defendió que no relató antes estos hechos por “seguridad personal” y porque sus hijos aún no se habían marchado a residir fuera del país.

Pascual explicó cómo en prisión convivió cuatro meses en la misma celda con el también imputado Eduardo Leal, supuesto testaferro del conseguidor Juan Lanzas. Leal explicó presuntamente a Pascual cómo las sociedades pantalla que creó recibieron siete millones desde Vitalia. Según su testimonio, Leal “entrega [el dinero] en billetes físicos a varias personas, el señor Albarracín [exdirectivo de Vitalia], Guerrero y Olga Pascual”. El exdirectivo aseguró que Leal se definió en prisión como un “testaferro de Guerrero [Javier Guerrero, ex director de Trabajo de la Junta]”.

El testimonio de Pascual va en línea con una de las tesis de la magistrada, expresada hace un año y medio. Alaya estimó entonces que Vitalia sobornó con cohechos durante varios años a altos cargos de la Administración andaluza, aunque no dio nombres.

Ayer el PSOE andaluz negó “acuerdo alguno con el PSC” y anunció que se querellará contra Pascual. Mientras, el letrado Eduardo Bajet, que trabajó para Pascual, desmintió las acusaciones del exdirectivo. Son “totalmente falsas”, dijo.

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