Urkullu pide reformar la Constitución para lograr la soberanía compartida
El lehendakari exige a ETA su desaparición y al Gobierno Rajoy una nueva política penitenciaria y la competencia en Prisiones
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha redoblado su conocida exigencia política de acometer "con visión de Estado y altura de miras" un nuevo modelo de gobierno basado en la "soberanía compartida". Ha sido una de sus propuestas durante el discurso que ha abierto el pleno de Política General en el Parlamento vasco. En su intervención dedicada al autogobierno ha apelado a la necesidad de una reforma de la Constitución tras reiterar su apuesta por su proyecto de nuevo estatus para Euskadi. Y en el ámbito del proceso de paz ha exigido a ETA "su desarme y su desaparición" y al Gobierno central, una nueva política penitenciaria y el traspaso de las competencias de Prisiones.
El hecho democrático de un referéndum en Escocia ha permitido a Urkullu ahondar en su reivindicación de facilitar al "pueblo vasco" su reconocimiento como "sujeto político" en base a la existencia de "una realidad incontestable e insoslayable", ha dicho. Para conseguirlo, el lehendakari ha apelado a la tradición foral del pacto y del diálogo que habilite mediante "una pregunta clara" la expresión de la "libre voluntad de los vascos".
Consciente del escenario que se vive en Cataluña, el lehendakari ha urgido a que no se entienda la Constitución española como "un inamovible corsé de negociación" para así "facilitar su adecuación". Es ahí donde ha apelado a "la altura política y a la visión del Estado" para asumir "los derechos históricos vascos", con una cita expresa a los procedimientos del Concierto Económico.
Urkullu ha precisado que no debe plantearse una dicotomía entre autonomismo y soberanismo sino entre el reconocimiento de Euskadi como nación "frente a la concepción estatalista fagocitadora de toda pretensión de hacer real una verdadera democracia plurinacional". Consciente de su apuesta, ha recordado el aval que supone el artículo Primero del Estatuto de Gernika cuando se trata de reivindicar "el desarrollo orgánico como nación, como pueblo vasco".
Plantea un programa enfocado a la reinserción social de los presos
En el desarrollo de su propuesta, siempre condicionada al consenso que se alcance en la ponencia de autogobierno en el Parlamento vasco, Urkullu ha reiterado la necesidad del "diálogo y el pacto" en el propósito de "adaptar la ley a la voluntad popular" para avanzar en "términos de mayor soberanía" hacia una consulta a la sociedad vasca para que decida sobre "nuestra vertebración política".
A su vez, Urkullu ha fijado la reflexión sobre el proceso de paz entre los tres ejes de su discurso, como ya viene haciendo desde su investidura. En su fotografía de situación ha admitido que "a pesar de los obstáculos" se está "mejorando", consciente de que la convivencia es "un enfermo que se está curando" a pesar de las dificultades y de que "queda por hacer".
El lehendakari, desde un mensaje "positivo ante la sociedad", ha vuelto a pedir a ETA su desarme y desaparición y al Gobierno central un cambio en la política penitenciaria y las competencias de Prisiones, como viene haciendo cada vez que se refiere a la consolidación de la paz en Euskadi ante la ausencia de pasos significativos.
Urkullu ha seguido firme en su exigencia a la banda terrorista para que desaparezca "sin ningún tipo de condicionamiento político", haciendo un reconocimiento "del daño injusto que ha causado" y con la necesidad de proyectar "una memoria crítica del pasado". A partir de ahí ha puesto en valor los "compromisos" del Plan de Paz y Convivencia que no consigue una penetración real entre las partes directamente concernidas, donde se aprecia un abierto escepticismo.
En sus palabras ha dedicado una especial atención a las víctimas del terrorismo. Ha desvelado que su Gobierno "está hablando, una por una, con todas las familias de las víctimas asesinadas" y que seguirá impulsando los programas abiertos en anteriores legislaturas.
En materia penitenciaria, Urkullu se ha referido al programa Hitzeman, donde se reivindica una nueva política en las cárceles y de reintegración social a partir de la asunción de las competencias en Prisiones. Ha destacado que se trata de una "vía legal, un programa de apoyo a los procesos legales de resocialización de personas presas para lograr un pronóstico favorable a su reinserción".
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