La justicia pone en entredicho los grandes sumarios por corrupción

Los años de investigaciones judiciales en los grandes sumarios abiertos por corrupción en Galicia, como las conocidas operaciones Orquesta y Pokémon, corren el peligro de irse al traste tras distintos fallos de las audiencias provinciales de Lugo y A Coruña que ponen en entredicho, por cuestiones de defectos formales, no de fondo, cómo se llevan a cabo estos sumarios de abultadas dimensiones. Está planteada, pendiente de resolución, la posibilidad de que se anulen de un plumazo ambas instrucciones, una terminada con 26 políticos, funcionarios y constructores de la Costa da Morte imputados por diversos delitos como cohecho y prevaricación, y la otra aún en curso, con ya más de centenar de implicados en múltiples ayuntamientos de ciudades gallegas —y un par de otras autonomías— por una supuesta trama alrededor del grupo empresarial Vendex que supuestamente se hacía con contratas de servicios públicos a cambio de sobornos y favores.

 Las defensas de varios de políticos imputados por corrupción tanto en la Orquesta como en la Pokémon ya han pedido la nulidad siguiendo los mismos pasos que llevaron a la Audiencia provincial de Lugo a absolver, hace unas semanas, a la veintena de personas, entre ellos altos cargos del Gobierno y ediles, acusadas de retirar ilegalmente multas de tráfico. El tribunal provincial decidió anular todas las pruebas de este caso, incluidas los cientos de horas de escuchas policiales que configuraban el meollo del sumario, por considerar que se había incumplido el “derecho fundamental al juez pretedeterminado por la ley”. Esto es, que al abrirse diligencias cuando se descubre por casualidad indicios de otro posible delito distinto al que se estaba investigando, hay que enviar el caso obligatoriamente “a reparto” para que el juez decano atribuya su investigación al juzgado que, por turno, le toque ese día.

Pero en los tres casos, el de las multas, la Orquesta y la Pokémon, los magistrados que los destaparon de forma fortuita, al surgir indicios en una conversación pinchada mientras estaban investigando otros hechos, se quedaron con esos sumarios. Fue la razón que llevó a la Audiencia de Lugo a anular de un plumazo, por vicio de nulidad, toda la instrucción que llevó a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital lucense, Estela San José, a procesar, entre otros, al exsubdelegado del Gobierno, el exjefe provincial de Tráfico o el alcalde de Muras. Todos, al igual que otra veintena de personas, fueron absueltos por la “anomalía procesal” de no haber enviado el caso, cuando se descubrió, “a reparto”. La decisión de San José de seguir tanto con el sumario inicialmente investigado, un caso de tráfico de drogas, y el destapado por casualidad al hilo de un pinchazo telefónico, el de tráfico de influencias y prevaricación por la retirada ilegal de multas, desembocó, según la Audiencia de Lugo, en la “llamada teoría del fruto del árbol envenenado”, es decir, que al ser ilegal el modo de iniciar la investigación, obliga a declarar nulas todas las pruebas que se recaben en ese proceso.

El extitular del Juzgado de Corcubión Andrés Lago Louro que instruyó el sumario del caso Orquesta —lo cerró en abril de 2013, justo antes de marcharse a su siguiente destino en Santiago— también estaba investigando un posible tráfico de drogas cuando destapó, por casualidad, la supuesta trama de sobornos y favores a cambio de obras públicas que le llevó a imputar a 26 políticos de cuatro ayuntamientos, funcionarios y constructores, entre ellos a los alcaldes de Fisterra, Mazaricos y Corcubión, los dos primeros del PP y el último del PSOE. Lago tampoco, al igual que San José, envió el caso a reparto. Varios de los implicados ya han pedido la nulidad de toda la instrucción por las mismas razones que llevaron a absolver a los acusados de las multas de Tráfico.

En el caso Pokémon son también varios los imputados, entre ellos el letrado del teniente de alcalde de A Coruña, Julio Flores, que espera que la Audiencia lucense vuelva a aplicar el mismo criterio y anule toda la gigantesca instrucción de la juez Pilar de Lara, ya que tampoco, al igual que sus colegas San José y Lago, envió a reparto el caso del que se enteró por casualidad cuando investigaba una trama de explotación de mujeres en la llamada Operación Carioca.