La juez de los ERE impone 40,3 millones en fianzas civiles a 24 imputados

La juez Mercedes Alaya ha impuesto 40 millones en fianzas de responsabilidad civil para 24 altos cargos de la Junta y de la agencia Idea. En la instrucción del caso ERE, que prosigue pese a que la exposición razonada fue remitida al Tribunal Supremo al afectar a cargos aforados, Alaya fija cauciones para el exconsejero Martín Soler, cinco exviceconsejeros, el exinterventor general de la Junta y el anterior responsable de los servicios jurídicos, según un auto del pasado martes avanzado este lunes por El Mundo.

La fianza civil más alta fijada por Alaya recae en el exconsejero Martín Soler, que el pasado lunes se negó a declarar ante la juez, y está cifrada en cuatro millones de euros. Esta cantidad se fija para cubrir las responsabilidades pecuniarias en caso de una ulterior condena. Tras la fianza de Martín Soler destaca la impuesta al exinterventor general de la Junta Manuel Gómez, que se sitúa en los 3,4 millones. Después de su declaración en el verano de 2012, la juez no impuso fianza civil a Gómez, pero ahora ha corregido su propia decisión. Al respecto se pronunció la Audiencia de Sevilla, pero por un error, dado que su resolución debía concernir a la técnico de la Consejería de Empleo María José Rofa. Sin embargo, Alaya retoma el argumento del supuesto “agravio comparativo y el desequilibrio” sufrido por Rofa, ya que a esta se le impuso finalmente una fianza tras la petición de la fiscalía y ordenarlo la Audiencia. Ahora Alaya fija la caución para el exresponsable de la Intervención General. Alaya acusa a Gómez de “obviar conscientemente el cumplimiento de la legalidad vigente” al informar favorablemente de 20 modificaciones presupuestarias propuestas por la Consejería de Empleo. En el auto destaca asimismo la fianza civil impuesta al presidente de Unicaja, Braulio Medel, por 482.790 euros.

Por otra parte, el ex director general de Trabajo Daniel Rivera censura la instrucción de Alaya y lamenta “la dilación, absolutamente injustificada” en la práctica de una prueba solicitada. Rivera llama la atención porque han transcurrido 19 meses desde que pidió una declaración contradictoria de dos testigos, y ni siquiera ha obtenido respuesta al respecto.