González cuestiona la decisión de Botella de restringir el tráfico

El presidente de la Comunidad, Ignacio González, se distanció de la decisión de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, de restringir el tráfico en el centro de la capital a partir del 1 de enero. Desde esa fecha solo el transporte público y los coches de los residentes podrán circular sin trabas en una superficie de 352 hectáreas. “Soy poco partidario de prohibir las cosas, nosotros trabajamos para que la gente elija libremente. Tenemos el mejor servicio de transportes, pero eso no quita que los ciudadanos puedan usar libremente sus transportes”, señaló González.

Al igual que el Ayuntamiento, el Gobierno regional defiende también la aplicación de las áreas de prioridad residencial (APR). Pero, insiste, sin prohibir la completa circulación de los vehículos privados. Con fecha de abril de este año —González es presidente regional desde septiembre de 2012—, el Plan de Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad para el periodo 2013-2020, el llamado Plan Azul +, habla de la “atenuación del tráfico privado motorizado”. El plan cita textualmente la creación de zonas de bajas emisiones y áreas de prioridad residencial como uno de los medios para reducir la contaminación.

El Plan Azul + del Ejecutivo autonómico defiende el modelo de las APR porque “restringen el acceso, excepto para residentes y actuaciones concretas, de manera que se puede reducir la densidad circulatoria, ajustar las plazas de aparcamiento a residentes y ordenar actividades como la carga-descarga de mercancías”. La manera de hacerlo es, “reducir la circulación de vehículos o, en su defecto, fomentar que los desplazamientos privados se realicen con vehículos menos contaminantes”, recoge el Plan Azul +, especialmente en las zonas de bajas emisiones. También se aboga por la ampliación de la red de aparcamientos disuasorios y la circulación de vehículos eléctricos por el carril Bus VAO para frenar la contaminación.

“Me parece bien la defensa del medio ambiente, pero es compatible con la libertad de movilidad de los ciudadanos”, reiteró González, que puso como ejemplos el fomento de los coches eléctricos y de los híbridos frente a la opción de restringir de forma radical el tráfico rodado en el corazón de Madrid. Y destacó las ayudas del Ejecutivo autonómico para renovar la flota de taxis ante una medida que a su entender va en contra de los principios liberales del PP. “No soy partidario de medidas que al final son limitaciones y sanciones”, zanjó González. Las infracciones, vigiladas por 22 cámaras de seguridad, serán castigadas con 90 euros de multa.

Desde la Comunidad sostienen que el rechazo de González no es a las APR, sino a la medida adoptada por Botella, “que va más allá” y a su aplicación en apenas tres meses. “Eso afectará a una parte con mucho tráfico de Madrid y podría congestionar otras zonas”.

En sus alegaciones al Plan Azul +, Ecologistas en Acción criticó que “no establece ninguna regulación obligatoria ni planificación concreta para modificar el modelo de movilidad insostenible de la región, que requiere una actuación decidida de reducción del tráfico de vehículos privados”. González, que además de presidir Madrid es secretario general del PP regional desde mediados de 2012, obvió que el Partido Popular llevaba en su programa electoral para el Ayuntamiento en los comicios de 2011 la creación “de nuevas áreas de prioridad residencial”. El objetivo fundamental era “reducir los tráficos de paso a través de los barrios y de agitación en busca de estacionamiento”, al tiempo que se apostaba por “aumentar” las plazas de aparcamiento para residentes.

González, que es secretario general del PP regional desde 2012, obvió que el Partido Popular en 2011 llevaba en su programa electoral para el Ayuntamiento la creación “de nuevas áreas de prioridad residencial”. El objetivo fundamental era “reducir los tráficos de paso a través de los barrios y de agitación en busca de estacionamiento”. Al tiempo, se apostaba por “aumentar” las plazas de aparcamiento para residentes.

Según señalaba el programa, que fue presentado en el primer acto de campaña del entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón en la sede del PP en la calle Génova, la pretensión de las APR era “reducir la presencia de vehículos privados de no residentes”. De esa manera se incrementaba “el atractivo” de la zona para el peatón y además se lograba “un entorno más agradable”. Por no obviar su “efecto directo” en la reducción de las emisiones.

El programa electoral del PP recordaba el carácter “pionero” de Madrid en cuanto a la creación de este tipo de áreas de tráfico restringido: la primera comenzó a funcionar en septiembre de 2004 en el Barrio de las Letras. Posteriormente se puso en marcha la APR del Barrio de Cortes (septiembre de 2005), “atendiendo así a una solicitud realizada por los vecinos de la zona”. La última que se puso en funcionamiento fue, en julio de 2006, la APR de Embajadores.