Imputado por prevaricación un concejal socialista del gobierno de Vigo

El Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo ha llamado a declarar al concejal socialista de Vigo Ángel Rivas por su implicación de un caso de supuesta prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas, relacionado con la adjudicación de obras del Ayuntamiento a una empresa que subcontrataba a su vez con la constructora Hormigones Valle Miñor, de la que Rivas era director general. Rivas, que dirige las concejalías de Parques y Jardines, Limpieza y Distritos y es secretario de Organización del PSOE en Vigo, está siendo investigado tras una denuncia presentada ante la Fiscalía de Vigo, según informa Europa Press. El ministerio público entendió la existencia de indicios razonables de la comisión de los citados delitos, por lo que en octubre deberán declarar ante el juez Rivas, un técnico de la Concejalía de Fomento y dos administradores de Hormigones Valle Miñor.

 El edil del gobierno de Abel Caballero emitió ayer un comunicado en el que declara su disposición a colaborar con la justicia, pero tacha de “completamente infundadas” las acusaciones que se vierten sobre él. “Todo el trabajo que he desarrollado lo he realizado siempre con un escrupuloso respeto a la ley y a la decencia. Estoy convencido de que demostraré mi absoluta inocencia”, añade el concejal.

La empresa constructora que obtuvo contratos del Ayuntamiento y subcontrató a su vez con Hormigones Valle Miñor es Eiriña, que está en el centro de la Operación Patos y pertenece al padre de la concejal del PP en Vigo Alexia Alonso. La citada operación, que estalló en febrero con cinco detenidos y ramificaciones en Vigo y otros cinco ayuntamientos, la Diputación de Pontevedra y la Delegación de la Xunta, está siendo investigada por otro juzgado de Vigo.

La polémica por los contratos de Hormigones Valle Miñor estalló antes que el caso Patos. En concreto, en el verano de 2012, cuando se conoció que esa empresa se beneficiaba de obras del Ayuntamiento a través de la subcontratación de trabajos en la humanización de la calle Nicaragua, presupuestada en 2,5 millones de euros. Rivas se vio forzado a cesar como director general de la compañía. Aunque no formaba parte de la mesa de contratación que realizó la adjudicación a Eiriña, sí era miembro de la Junta de Gobierno que aprobó dichas obras.