24 trabajadores ilegales en la recogida de guindilla en Usurbil y Aginaga
La Policía Nacional detiene a dos empresarios agrícolas por emplear de forma irregular a los operarios
Agentes de la Policía Nacional han arrestado en San Sebastián a dos empresarios agrícolas por emplear a trabajadores de forma irregular. Estas detenciones son el resultado de las operaciones de control, tanto del régimen de extranjería como laboral-Seguridad Social, que se vienen realizando sobre trabajos agrícolas de temporada. La operación es fruto de las inspecciones de trabajadores agrícolas extranjeros dedicados a la recogida de guindilla, en las localidades de Usurbil y de Aginaga.
En total se ha identificado a 58 trabajadores -27 naturales de Senegal, 24 de Rumania, 2 de Honduras, uno de Nicaragua, uno de Ecuador, uno de Argelia, uno de Burkina Fasso y uno español-, que desempeñaban sus actividades laborales para cinco empresarios guipuzcoanos diferentes. En el caso de los extranjeros todos se encontraban en situación regular en España.
En relación con estos controles, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social levantaron a dos de estas empresas sendas actas de infracción, por carecer todos sus trabajadores, un total de 24, de contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social. Otras dos empresas están pendientes de comprobaciones sobre irregularidades en la contratación y altas en Seguridad Social de algunos de sus trabajadores, por lo que pueden resultar igualmente, con incoación del correspondiente expediente para sanción.
Además de las sanciones administrativas, se inició una investigación para determinar la responsabilidad los empresarios por posibles delitos contra los derechos de los trabajadores. Fruto de las pesquisas, se localizaron en tareas de recolección de la guindilla un total de trece ciudadanos de origen rumano que incumplían las disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual en esa materia, a los cuales se había ofrecido empleo o trabajo engañosas y en condiciones que perjudican, suprimen o restringen los derechos que tienen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contratos individuales. Una vez comprobadas estas irregularidades se procedió a la detención de los dos empresarios como presuntos responsables de un delito contra el derecho de los trabajadores.
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