Carlos Fabra presenta al juez una lista de bienes embargables para pagar la multa

El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha permanecido dos horas en la Audiencia de Castellón, donde estaba citado este miércoles para que se le comunicara la aplicación de sentencia. La petición de un indulto al Gobierno por parte del condenado ha añadido tiempo muerto al acto previsto en la agenda judicial, puesto que la Audiencia ha dado un plazo de tres días a las partes para que se pronuncien sobre si se suspende su ingreso en prisión hasta que el Ejecutivo resuelva. De momento, no ha contestado ninguna de las partes, aunque el plazo termina el jueves y la Audiencia ha añadido también el viernes. En cualquier caso, la Audiencia de Castellón no podrá pronunciarse sobre si retrasa o no el ingreso en la cárcel hasta la próxima semana.

Fabra llegó a las 09.15 y ha deslizado un comentario ante la pregunta de una periodista sobre si había elegido centro penitenciario: "¡Qué pregunta más simpática!". A la salida, casi dos horas después, ha manifestado que se ha acogido a su derecho constitucional de pedir el indulto. "La Audiencia ahora resolverá", ha añadido. Respecto a la falta de apoyo de su partido a la petición de indulto, el expresidente del PP de la provincia de Castellón ha sido tajante: "Yo he pedido el indulto al Gobierno".

Fabra fue condenado el pasado noviembre a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública de cerca de 700.000 euros entre los años 1999 y 2003. La sección primera lo había citado este miércoles no solo para comunicar su ingreso voluntario en un centro penitenciario sino también para que haga efectivo o inicie los trámites para el pago de los casi 1,4 millones impuestos en multa e indemnización. Sobre este asunto, Fabra no ha querido pronunciarse. Sin embargo, el condenado ha presentado una lista de bienes embargables y ha solicitado el pago progresivo (aplazado) para la multa de casi 700.000 euros. La otra parte de multa, la indemnización por responsabilidad civil, por la misma cantidad, la cobrará Hacienda aparte. Fabra se ha mostrado en disposición de hacer frente a los dos pagos. Su mujer, María Amparo Fernández, ha solicitado que se le sustituya el año de prisión al que fue condenada por el pago de una multa.

Para retrasar la pena de cárcel, Fabra pidió el pasado mes al Gobierno que le indultara y le eximiera de los cuatro años en un centro penitenciario. A su vez, reclamó a la Audiencia que suspendiera la condena hasta que el gobierno de Mariano Rajoy, quien le definió en su día como “político y ciudadano ejemplar”, decida si le otorga o no la medida de gracia.

Fabra ha pedido la paralización de su internamiento alegando que, de ejecutarse la sentencia, “la concesión de total o parcial del indulto solicitado sería ilusoria, es decir, no cumpliría la finalidad en los términos de equidad”. Esto es lo que ha reclamado a la Audiencia provincial que le condenó a finales del pasado año. Al Ministerio de Justicia ha remitido una carta de nueve folios solicitando el indulto alegando razones de “equidad” porque, según sostiene, ha pasado mucho tiempo desde que se cometieron los delitos.

El expresidente de la Diputación de Castellón alega, entre otras razones, que el ingreso en prisión "tendría repercusiones negativas" para él y para su familia

“Mi conducta es acreedora del indulto (…) Con este indulto no se causa perjuicio a nadie y se evita la imposición de una condena que no tiene fin resocializador alguno”, dice el otrora todopoderoso de Castellón en la misiva. Fabra recalca en ella el “doloroso e irrevocable” daño que le ha causado una investigación de más de diez años que se abrió por delitos relacionados con la corrupción de los que ha sido absuelto, tal y como recalca varias veces. El escrito subraya además que desde 2003 (último de los cuatro años por el que se le ha condenado por fraude a Hacienda) “no cabe ninguna tacha” a su comportamiento tributario y alega que su estado de salud resulta “absolutamente incompatible” con su ingreso en un centro penitenciario.

Fabra ha solicitado el indulto total de la condena de cuatro años de prisión y apela en todo momento a razones de “equidad” por haber pasado tanto tiempo desde que se inició la investigación y a pesar de que, como señaló la sentencia, su actitud entorpecedora fue una de las causas de las dilaciones. “La lejanía temporal respecto del momento en el que se cometieron los hechos contribuye decisivamente a la desaparición de la necesidad de la pena”, sostiene.

El expresidente del PP hace constantes alusiones en su carta a su conducta “acorde con las reglas de la convivencia” y su total integración social y arraigo familiar. “La pena impuesta ejercería un efecto contrario al establecido en dicho fin constitucional (resocialización), puesto que supondría alejarme del núcleo en el que me hallo correctamente integrado y tendría repercusiones negativas para mí y mi familia”, dice.