Vía crucis judicial hasta las elecciones

El gobierno de Ourense tiene diez causas pendientes en los juzgados, que achaca en su mayoría al chantaje de un promotor

El alcalde de Ourense, tras una de sus declaraciones judiciales
El alcalde de Ourense, tras una de sus declaraciones judicialesnacho gómez

Asoman las elecciones municipales y el debilitado gobierno local ourensano —un PSOE fragmentado en dos mitades tras la Operación Pokémon y la forzada dimisión posterior del exalcalde Francisco Rodríguez— mete ambos pies en los juzgados. Septiembre amanece con al menos diez causas penales empujando la puerta de la alcaldía de la tercera ciudad de Galicia. Están imputados, además de varios técnicos, el exregidor; su sucesor al frente de la corporación, Agustín Fernández; la teniente de alcalde, Marga Martín; la concejala de Urbanismo, Áurea Soto y la junta de gobierno completa de 2008. Esto es, los socialistas con responsabilidad municipal, fieles al dimitido Rodríguez —enfrentados a los afines del exlíder del PSdeG, Pachi Vázquez— y sus exsocios del BNG, fuera ya de estas filas y repartidos en otras formaciones nacionalistas. A estos le salpican las imputaciones, pero para el PSOE ourensano el nuevo curso político irrumpe como un vía crucis atestado de estaciones. “Da igual que acaben archivando las denuncias, el daño ya está hecho”, reconoce el gobierno local.

 La responsable municipal de Urbanismo asegura que hay una conjura “de una parte interesada que se ha visto perjudicada en el nuevo plan de ordenación”, recompuesto por los socialistas, con ella al frente, después de que el heredado del PP hubiese sido anulado hasta siete veces por la justicia. Soto no tiene la mínima duda de que la decena larga de causas judiciales parten de ahí, mientras la oposición de los populares, pero sobre todo la más activa de Democracia Ourensana (DO), contempla el escenario derivado en buena parte de sus denuncias como la antesala de su acceso al poder local. Los ediles de DO, Gonzalo Pérez Jácome y Susana Gómez Valencia, han participado denunciando o personándose en las causas más sonadas. “Han destapado una forma de gobernar claramente irregular aún en el caso de que la justicia no llegase a considerarla delictiva”, sostiene el abogado de esta formación, Miguel Caride. En su opinión, eso ha servido, como mínimo, “para que los ciudadanos sepan cómo se ejerce el poder en el Ayuntamiento”.

“Es todo consecuencia del plan de urbanismo”, insiste Soto, imputada en seis de las diez causas que acechan al gobierno “y las que aún vendrán”, vaticina. Asegura que las querellas no obedecen más que al “chantaje” de un promotor que "pretendía ahorrarse la cesión del 10% de suelo al municipio, como se hacía con el gobierno del PP” e insiste en asegurar que “se ha servido de un grupo político, DO, para arremeter contra el interés público”. “Una buena jugada”, remacha. Tanto el pequeño partido local como el constructor al que alude la concejala han firmado el grueso de las denuncias en fase de instrucción que han puesto contra las cuerdas a los socialistas y que marcarán ahora el inicio del periodo preelectoral con los ediles desfilando por los juzgados. Da igual que DO haya negado por activa y por pasiva su vinculación con el promotor. Soto está convencida de que “actúan conjuntamente”.

En la lista de las causas que investigan varios juzgados figuran las denuncias por la “facturación falseada” del servicio de ayuda a domicilio, buque insignia del gobierno socialista; por las contrataciones a dedo de las asistencias técnicas; por la reforma de la calle Bedoya concedida también a dedo a una empresa de la que era ejecutivo un integrante de la lista socialista; por la legalización de las viviendas de la Plaza de San Antonio; por la “ejecución incorrecta de la orden judicial” en el derribo de un muro del matadero municipal; por la adjudicación por procedimiento negociado y sin publicidad de las obras de la plaza de Paz Nóvoa y por la concesión de licencia a la residencia universitaria de Ourense anulada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. A estas se suman las instrucciones por la urbanización a cargo de las arcas municipales de la vivienda del actual alcalde en su etapa de edil de Hacienda, la relativa a la contratación “ilegal” de las asistencias técnicas y por la “ocultación” del plan urbanístico: la decisión de Soto de negar al promotor que la ha denunciado el acceso al planeamiento antes de su aprobación inicial y de someterlo a exposición al público.

Pero no son los únicos asuntos municipales que se dirimen en los juzgados de la ciudad. También se retomará este mes la instrucción de la denuncia presentada por la propia Soto y el exalcalde socialista contra la junta de gobierno de sus predecesores del PP, presididos por Manuel Cabezas, por haber adjudicado a dedo a la empresa del líder de DO la compra de un equipo de sonido “que nunca llegó a utilizarse”. Soto y el exregidor han contraatacado. Ambos firmaron también conjuntamente una recusación contra el titular del Juzgado 1 de Ourense, Antonio Piña, que instruye varias de las causas en las que están imputados, alegando su “amistad manifiesta” con un dirigente de DO que no ocupa cargo público. La recusación fue dos veces desestimada por la Audiencia Provincial. “Cuando los jueces imputan es porque encuentran base para ello en los comportamientos denunciados, de lo contrario no se abrirían las causas tras la investigación”, matiza el abogado de DO, que se pregunta a continuación “cómo no ha habido todavía dimisiones” en el cuestionado gobierno local.

Búsqueda en los cajones

“Nosotros también sabemos buscar en los cajones”, sentenció la edil de Urbanismo, Áurea Soto, a finales del pasado marzo cuando anunció que denunciaría por prevaricación a la junta de gobierno del PP que presidía Manuel Cabezas y al líder de DO por haber aprobado la compra de 295 altavoces al comercio musical de Jácome, valorados en 61.691,82 euros, por trámite de urgencia y sin publicidad. Tras acumular imputaciones en diez causas distintas, los socialistas cambiaron ahí el pie e iniciaron el contraataque judicial que habían reprobado durante años.

El cajón guardaba la copia de una sesión de octubre de 2006, y el acorralado gobierno local vio en él el calco de la denuncia que unos meses antes había registrado el grupo local del PP por la adjudicación de la junta del gobierno bipartito de 2008 de las obras de la calle Bedoya, también por trámite de urgencia y sin publicidad, a una empresa de la que era apoderado un candidato socialista. Tocado por el rosario de imputaciones (el exalcalde Francisco Rodríguez acumula dos; su sucesor, Agustín Fernández va por la tercera; la concejal de Benestar Social, Marga Martín, tiene también dos y Áurea Soto, seis) el gobierno ourensano jamás se ha planteado dimitir. Lejos de ello, insiste hasta la saciedad en que está siendo objeto de una cacería política que cree que aún no ha acabado y a la que seguirá haciendo frente.

“PP y DO son lo mismo”, apunta Soto en cuanto tiene oportunidad. E insiste: “DO le hace el trabajo al promotor” al que ella acusa de buscar venganza. El grupo minoritario de la corporación, con solo dos ediles, se ha convertido en la pesadilla de un gobierno que dejó escapar primero a su socio el BNG y, debilitado y contra las cuerdas, se aferra al poder local por más que este se esté diseccionando en los juzgados.

Jácome avisa a la concejal de que le pondrá una querella por injurias si no ceja en vincularlo al promotor. “No lo conozco de nada. Y de las cuatro denuncias que nosotros pusimos, solo coincidimos en una con él”, sostiene el edil para explicar a continuación que Soto “no estaba acostumbrada a que la oposición denunciara las ilegalidades”. DO está convencida de que la concejal “intentó arreglar las irregularidades urbanísticas cometidas por el PP, solo que lo hizo cometiendo ella otras”.

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