El Consell adjudica una vivienda tutelada en Castellón tras dos años cerrada

La única vivienda tutelada que atendía a mujeres en exclusión social de la provincia de Castellón volverá a abrir sus puertas el 1 de octubre después de que tuviera que cerrar sus puertas hace dos años por impagos del Consell. La Consejería de Bienestar Social ha adjudicado a la empresa Palma Servicios Sociales, SL, la gestión de este centro hasta septiembre de 2017 por 635.033 euros. Era la tercera vez que la consejería sacaba el pliego de contratación para reabrir este recurso único en la provincia. La primera vez quedó vacante y la segunda licitación se tuvo que paralizar por un error en el pliego.

La consejería ha adjudicado ahora la gestión a la empresa integrada en el Grupo Palma, que preside Manuel Palma Marín, actual miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Paterna. Marín se presentó como independiente en las listas del PP y fue nombrado edil de Hacienda. Junto a la gestión de la vivienda tutelada de Castellón, la empresa se hará cargo también de la gestión integral del centro de acogida de Campanar por algo más de 1,5 millones de euros hasta 2017. El Grupo Palma presentó la opción más económica, por delante de Eulen Servicios Sociosanitarios y Atención Social en Emergencias.

Manuel Palma explicó ayer que el centro de Castellón abrirá el próximo 1 de octubre (como exige el pliego de condiciones) y que derivarán allí parte del personal del centro de Campanar. "El pliego nos exige menos personal del que hay actualmente, así que se pasará a Castellón", apuntó. La plantilla para la vivienda tutelada será de seis personas para trece plazas. La empresa gestiona otras dos viviendas tuteladas en Valencia.

Las antiguas trabajadoras están pendientes de cobrar salarios (en la mayoría de casos, dieciséis). Han intentado optar al nuevo contrato, pero no reunían las condiciones

La casa de Castellón cerró en septiembre de 2012 con una deuda del Consell que superaba los 120.000 euros. La exdirectora, Marta Sánchez, explicó ayer que todavía no han cobrado las nóminas adeudadas que, en la mayoría de los casos, son dieciséis. "La empresa (gestionaba el centro la Asociación de Mujeres en Igualdad) de declaró insolvente y no hemos cobrado", dijo. La intención de las trabajadoras era reunirse en una cooperativa y optar al contrato, pero no cumplían con las condiciones.

Con el cierre hace dos años, Bienestar Social trasladó a las dos mujeres que estaban siendo atendidas. Una, que era víctima de maltrato, acudió junto con su hijo al centro integral de mujeres maltratadas. La segunda tuvo que salir de la provincia porque era una mujer en situación de riesgo de exclusión social y, con el cierre, Castellón se quedó sin recursos para este tipo de atención.

La sociedad Palma Servicios Sociales también tenía problemas con la Generalitat por retrasos en los pagos. El Tribunal Superior de Justicia ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por la empresa en el que reclamaba 169.831 euros por los intereses de demora. La Generalitat reconoció en su día una deuda de 148.000 euros en contratos de centros de tercera edad, discapacitados y viviendas tuteladas de Valencia, Gandía, Massanassa y Elche.