El PP lamenta que la justicia obstaculice los traslados de profesores

La indefinición sobre el futuro de varios cientos de profesores interinos que esperan a que la justicia se pronuncie sobre qué plazas deben ocupar o abandonar en el curso que empieza en apenas unas semanas preocupa al PP gallego. Su portavoz de Educación en el Parlamento, Román Rodríguez, lamentó ayer que los “ritmos jurídicos y administrativos” avancen de forma “descompensada” y con “desajustes” motivados porque, aunque el curso escolar está a las puertas, agosto es un mes inhábil en los juzgados.

 La decisión de la Consellería de Educación de valorar la antigüedad de los profesores interinos tanto como la de los funcionarios ya titulares de plaza a la hora de concurrir al concurso de traslados abierto para el próximo curso provocó diversos recursos judiciales. El Tribunal Supremo decidió que la antigüedad como interino no puede ser computada como la de un funcionario, y un juzgado de Santiago anuló el concurso de traslados que la Xunta ya tenía en marcha. Ahora está en manos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia decidir cómo se aplican esas sentencias ante el curso que está a punto de empezar. Así que a la espera de que pase el mes de agosto y se retome la actividad en los juzgados, los profesores afectados viven con la indefinición de no saber dónde darán clase en apenas unas semanas.

Rodríguez lamentó la “incomodidad transitoria” de los afectados y recordó que, frente a la cifra de más de un millar que ofrecen estos, Educación los cuantifica en unos 300. El diputado garantizó que los cambios que se puedan producir con el curso ya iniciado no dejarán clases sin profesores y que la Xunta cubrirá todas las plazas vacantes. Pero será una decisión, insistió, que la consellería tomará cuando la justicia resuelva.

El portavoz de Educación del PP también se refirió a la decisión de la Xunta de volver a subvencionar con fondos públicos a los cinco colegios gallegos que segregan a sus alumnos por sexo. Rodríguez defendió que, tras la modificación de la ley educativa, esos conciertos, que habían sido anulados por sentencia judicial, vuelven a ser legales. Rodríguez recordó que el bipartito de PSOE y BNG “los financió sin ningún tipo de problemas” y, según su argumentación, “entra en la libertad de las familias elegir una modalidad u otra de educación”.