Los preferentistas calculan que aún quedan 200 millones por devolver

La mayor parte del camino ya está andando, pero las plataformas de afectados por las participaciones preferentes de Novagalicia (ahora transformada en Abanca) buscan que se compense a los en torno a 15.000 afectados que por desconocimiento o despiste no se sumaron a los procedimientos de arbitraje o se encontraron con que las quitas eran superiores a las que preveían. La cifra que manejan los colectivos de perjudicados sobre lo que queda en el limbo es de unos 200 millones de euros, según explica el portavoz de la plataforma de Baixo Miño, Xulio Vicente. El Poder Judicial, para dar salida a las demandas ya en curso y ante la eventualidad de una nueva hornada, ha decidido prorrogar los refuerzos asignados a los juzgados de Vigo y A Coruña que ya venían funcionando desde noviembre del año pasado.

 El apoyo, aprobado por la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se extenderá otros cuatro meses con un juez en Tui, localidad cercana a O Rosal, uno de los municipios más afectados de Galicia. El juzgado de Carballo también mantendrá su refuerzo en apoyo a los de A Coruña, que es el órgano que conoce de las demandas de preferentes y subordinadas. El CGPJ también ha pedido a la Xunta que prorrogue los nombramientos de funcionarios que trabajan en estos juzgados con dedicación plena a las reclamaciones de ahorradores que se sienten estafados.

Novagalicia Banco, resultado de la fusión entre las antiguas Caixa Galicia y Caixanova, ya es plenamente privada después de que el Gobierno decidiese su venta y ha resuelto, según fuentes de la entidad, la práctica totalidad de las demandas de preferentistas. La entidad que ahora se denomina Abanca negoció durante la primavera compensaciones a los miembros de las plataformas, en cumplimiento de la promesa que el nuevo propietario, el banquero venezolano Juan Carlos Escotet, trasladó a los afectados cuando se hizo pública la adquisición por parte de la entidad que preside, Banesco, del retal de las cajas gallegas, subastado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

A principios de 2012, se contabilizaban en Galicia más de 80.000 afectados con hasta 1.800 millones de euros atrapados en el corralito de las preferentes. Centenares de manifestaciones de los perjudicados, muchos de ellos jubilados, pero también padres de menores que habían volcado en este producto todos sus ahorros, terminaron con una solución para la mayoría de los casos. Pero aún en fechas recientes las plataformas han tenido conocimiento de “gente que se está acercando desesperada, gente que siguió fiándose de sus directores de sucursal”, señala Xulio Vicente sobre estos afectados que solo a última hora se han dado cuenta de que lo son. El portavoz entiende que la extensión del refuerzo en los juzgados obedece también a los “miles” de demandas presentadas en los últimos meses y que se deberían tramitar hasta noviembre y diciembre. Los representantes de los afectados siguen pendientes, en cualquier caso, de nuevas reuniones con los directivos de Abanca, previstas para después del verano. “A ver qué nos dicen”, apuntan.

Continúa, por otra parte, la lucha específica de esta plataforma contra las multas recibidas durante sus protestas públicas, sanciones que están concentradas en 2013 y que han suscitado una investigación de la fiscalía de Vigo. Los preferentistas de Baixo Miño, que en su práctica totalidad han recuperado ya sus ahorros, han tenido que abonar más de 7.000 euros en sanciones administrativas, que han ido sufragando en colectas populares y con la venta de participaciones de lotería.