El Consejo de Garantías Estatutarias avala la ley catalana contra la homofobia

El proyecto de la ley contra la discriminación por orientación sexual se ajusta al Estatut y a la Constitución. Este ha sido el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, que se conoció ayer, y que respalda entre otras cosas el régimen sancionador, que incluye multas de hasta 14.000 euros. La posición del órgano consultivo no le da razón al Partido Popular, que consideraba que la norma tenía “exceso de discriminación positiva”.

 Los populares llevaron el proyecto de ley ante el Consejo en julio, antes de su votación durante el último pleno del Parlament antes de las vacaciones. El texto de la norma ya había sido aprobado por todos los partidos, excepto Unió Democrática. En su recurso, el PP alegaba que tres artículos y el capítulo cuatro, sobre el régimen de infracciones y sanciones, no se ajustaban a la ley. “Todas las conductas relacionadas en el catálogo de la ley catalana son susceptibles de ser incardinadas en delitos o faltas tipificadas en el Código Penal”, especificaba la petición del dictamen.

En la práctica, desde el PP consideraban que las infracciones establecidas por la norma catalana podrían violar las competencias penales del Estado y estar sujetas a dos regímenes sancionadores distintos. En el dictamen, aprobado por unanimidad y cuyo ponente ha sido Joan Egea Fernàndez, sostiene que “puede haber algún punto de coincidencia”, pero descarta que el Código Penal regule todas las infracciones previstas por la ley catalana. El texto de la norma prevé que en caso de que un órgano administrativo considere que una infracción puede ser constitutiva de delito o falta, se lo comunique al Ministerio Fiscal, lo que reconoce la competencia del Estado.

La ley antihomofobia deberá especificar las competencias locales

El portavoz adjunto del PP, Santi Rodríguez, aseguró que el dictamen pone de manifiesto la “inseguridad jurídica” que un mismo hecho esté sometido al derecho administrativo y al penal y que ello puede “puede provocar una desprotección de las personas a las que se quiere favorecer”. Los populares insistieron una vez más en la necesidad de eliminar el régimen sancionador, algo que ya ocurrió gracias a su presión en una ley similar en Galicia. El Consejo de Garantías Estatutarias, sin embargo, recuerda que el ordenamiento español reconoce “la dualidad de los sistemas sancionadores” —penal y administrativo— aunque no establece cuál es el contenido propio de cada uno.

El Partido Popular insiste en eliminar el régimen sancionador de la norma

Otro de los puntos que pasó la prueba del dictamen fue el de la carga inversa de la prueba, es decir, que el acusado de homofobia tenga que probar su inocencia y no al contrario. Este punto siempre ha generado debate entre los expertos constitucionalistas debido al principio de presunción de inocencia. El Consejo de Garantías considera que es un estándar europeo utilizar este instrumento en los casos sobre discriminación.

El diputado ecosocialista David Companyon resaltó el hecho de que el dictamen deja claro que la norma catalana “deja justificadas las restricciones a la libertad de expresión o ideología” pues hace referencia a unos atributos especiales lesivos como el riesgo de violencia, carácter vejatorio o denigrante. Anna Simó (ERC) aseguró ayer que se pondrá en contacto con las otras fuerzas que apoyaron el texto para modificarlo en la línea de las recomendaciones del órgano consultivo.

El Consejo cree en el capítulo sancionador hace falta especificar cuál es el ámbito competencial de la Generalitat y cuál el de los entes locales para garantizar una eficacia más amplia en la norma. Desde el PSC, la diputada Eva Granados aseguró que la ley será aprobada en el primer pleno después de las vacaciones, con lo cual se pone fin al segundo intento del Parlamento de aprobarla. Las entidades defensoras de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales siempre han insistido que una ley sin un régimen sancionador “es papel mojado”.