Las nuevas denuncias de enchufismo municipal agitan el PSdeG vigués

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, mantiene su hegemonía sobre el PSdeG en su ciudad y domina también el aparato provincial de Pontevedra, pero sus críticos no tiran la toalla. El más acérrimo, el exalcalde Carlos Príncipe, empeñado en una cruzada contra Caballero y sometido a un expediente por la dirección del partido, ha vuelto la carga utilizando la denuncia pública sobre una supuesta “trama de enchufismo” en el Ayuntamiento. Tras los hechos revelados por Príncipe, otro sector crítico, Alternativa Socialista, que encabeza Gonzalo Caballero, una facción que lleva mucho tiempo ejerciendo la disidencia de la línea oficial, reclamó ayer a la dirección del PSdeG que investigue las “denuncias de enchufismo y corrupción”.

 En un comunicado, este sector crítico del socialismo vigués, en el que asegura que militan cinco miembros del Comité Nacional del PSdeG y 10 del comité provincial de Pontevedra, reivindica la necesidad de mantener “una línea de acción contundente contra los posibles casos de corrupción en el Ayuntamiento de Vigo”. “Se trata de un tema muy grave para el PSdeG y ya es hora de que el PSdeG inste al gobierno municipal de Vigo y a la ejecutiva local socialista a dar explicaciones claras y veraces”, urge este sector, informa Europa Press.

Aunque no lo cite expresamente, Alternativa Socialista se refiere a la última denuncia de Príncipe, que asegura que familiares de la teniente de alcalde y senadora, Carmela Silva, obtuvieron empleos que en algunos casos “podrían ser ficticios” en programas del Ayuntamiento o en subcontratas municipales. El exalcalde cita a una hermana de Silva así como a una cuñada y a otras dos hermanas de esta última. Meses atrás, Príncipe ya destapó una veintena de contrataciones supuestamente irregulares, en trabajos vinculados al Ayuntamiento, de familiares o allegados de cargos del PSdeG en la ciudad. El asunto nunca llegó a ser aclarado.

La corriente Alternativa Socialista también exige explicaciones sobre aspectos como el registro de dependencias municipales en la Operación Patos, una investigación judicial contra la corrupción que el pasado febrero provocó cinco detenidos y diversos registros en organismos públicos. “Dar la callada por respuesta solo sirve para que los ciudadanos crean en la veracidad de los hechos denunciados”, subrayan los críticos.