Orihuela tramita su plan general sin poder legalizar 15.000 viviendas
El PGOU permite construir en el único kilómetro costero sin cemento
En Orihuela hay parcelas que pueden albergar cuatro torres con 100 viviendas y en el catastro constar como que es suelo sin edificar. Este caso concreto es uno de los 15.000 ejemplos de viviendas ilegales que tiene la capital de La Vega Baja, cuyo pleno municipal vota hoy sacar a exposición pública una primera versión de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El Ayuntamiento, que en 2008 intentó regularizar muchas de estas viviendas, se encomienda ahora a la futura ley autonómica.
El urbanismo salvaje ha sido una constante en Orihuela, un lugar de un tamaño tan considerable (365 km²) que dificulta su control total: la línea de costa, a media hora del núcleo urbano, es una ciudad en sí (30.000 habitantes); hay hasta 27 pedanías con poblaciones en suelo rústico más grandes que las de municipios cercanos y donde el Ayuntamiento no puede ni construir un centro social.
El Ayuntamiento cobraría un millón de euros más con el IBI de las ilegales
“El cálculo que tenemos es que, solo con regularizar las viviendas ilegales que tenemos, el Ayuntamiento recogería un millón más de euros”, admitió el concejal socialista de Urbanismo, Antonio Zapata. Los problemas en algunos puntos del municipio son de órdago: urbanizaciones a las que no llega el correo, casas sin cédula de habitabilidad que pagan luz y agua tres veces más de lo normal, carreteras en remotas zonas que acaban en la nada, Orihuela tiene hasta 2.000 casas con sentencia de derribo.
El Ayuntamiento renuncia ahora a la posibilidad de regularizar por sus propios medios esta enorme masa de viviendas, la mayoría en zona de huerta, tras sacar en 2008 un plan que no recogió los frutos previstos.
“La regularización”, explica Zapata, “tiene mejor acogimiento en la LOTUP autonómica (Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje)”, dice el concejal al tiempo que resalta que la idea de su gobierno es exponer al público la versión inicial del plan durante tres meses (dos más que lo que prescribe la ley).
El texto de la LOTUP legalizará todas las casas fuera de ordenación construidas antes de 1975. Otro supuesto establece para núcleos en zonas no urbanizables la posibilidad de que los propietarios tramiten un programa de actuación integrada y un plan especial que aprobaría la Generalitat.
Ecologistas en Acción y el partido local CLARO tienen previsto alegar contra el plan, que contempla construir en el último kilómetro de costa virgen, donde además habitan un caracol y una planta endémicos. “La empresa ha presentado su plan de impacto medioambiental”, confiesan en el Consistorio. “Tenemos las manos atadas. Si lo aprueba consejería, no podemos hacer nada”, aseguran.
El urbanismo sin control, casi una tradición
“El problema ha estado en que la policía local controla las parcelas cuando las casas se han construido y no cuando empiezan a levantarse”, expone Delfín Martínez, vicedecano de los notarios valencianos, como explicación general al fenómeno del urbanismo ilegal, muy vigente en puntos de las tierras valencianas desde la década de 1990.
Orihuela es un claro ejemplo de una Administración que ha mirado hacia otro lado durante más de 20 años de errática ordenación territorial. De hecho, la última alcaldesa, la popular Mónica Lorente, está a punto de ser procesada por una cuestión urbanística.
En La Vega Baja las tendencias constructoras se han mantenido fieles al urbanismo fuera de la ley. “Un 15% de las casas de la comarca serán ilegales”, señala Horacio Fernández, de la Asociación de Consumidores y Afectados de Urbanismo. En la zona, de un carácter muy rural, existe casi una cultura local que da un aire de ingobernabilidad a la zona y nunca ha sido afrontada por la administración.
En 2006, la Generalitat llegó a intervenir el urbanismo de Catral por tener más de mil casas sin reglar. Pero no hizo lo propio con San Miguel de Salinas, Orihuela o Callosa de Segura, que tenían más casas ilegales pero, a diferencia de Catral, estaban gobernadas entonces por el PP.
No solo las zonas de huerta, han sido objetivo del urbanismo incontrolado, donde suelos y fincas agrícolas inutilizadas han servido para ubicar urbanizaciones a las que no llega ni el correo. La construcción ilegal de particulares e inmobiliarias se ha extendido por el territorio. En general, la mayoría de pueblos valencianos de costa tienen varios episodios de este tipo si bien no son tan masivos como los de La Vega Baja.
El fenómeno del urbanismo salvaje en masa, en realidad, nace en el tardofranquismo. Desde entonces las casas fuera de ordenación han encontrado una vía legal para salvarse. En Castellón, por ejemplo, durante los años setenta del pasado siglo edificaron las viviendas de la Marjalería, un humedal en el término municipal de la capital, que acumula sentencias de derribo sin concretarse. Con la nueva ley autonómica, las construidas antes de 1975 se salvarán.
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