La oposición urge al Consell a atender a las 3.000 familias necesitadas

3.000 familias de la Comunidad Valenciana se han quedado sin cobrar la Renta Garantizada de Ciudadanía, pese a cumplir todos los requisitos, porque la Generalitat agotó en mayo los 23 millones del presupuesto de esta prestación, según denunció la UGT. Este miércoles, todos los partidos de la oposición en las Cortes valencianas —PSPV, Compromís y EUPV— reclamaron a la Generalitat el incremento de recursos para hacer frente a este derecho recogido por ley, del que se benefician aquellas personas que han acabado con los subsidios de desempleo y otras ayudas. La cuantía media que reciben las familias oscila entre los 390 y los 400 euros al mes.

El portavoz socialista en Les Corts, Antonio Torres, exigió al Consell que “arbitre de manera urgente una partida presupuestaria para atender a las familias valencianas en situación de necesidad”. Incidió en que el presupuesto de 23 millones anuales, la Comunidad Valenciana “es la autonomía que menos recursos destina a estas personas que lo están pasando muy mal”. "Estamos muy por encima de la media en la tasa del desempleo y en el número de familias que no recibe ningún tipo de ingresos”, recordó.

“Los socialistas, cuando se produjo la discusión de los presupuestos para 2014, ya pidieron el incremento de esta partida, porque no habría suficiente para atender las situaciones de necesidad”, añadió.

Por su parte, el síndic de Compromís, Enric Morera, propuso al Consell dedicar “los casi cuatro millones de euros del autobombo de Fabra a atender a las más de 3.000 familias que no reciben ninguna renta de subsistencia”. “La campaña, que supondrá para las arcas públicas de todos los valencianos un gasto diario de 18.000 euros en mera propaganda y que empezará este otoño y se prolongará hasta el mes de abril, supone un uso partidista de los recursos públicos”, explicó. “Es una burla y un insulto porque cuando termina la campaña de autobombo empieza la precampaña electoral de manera que se generará cierta ambigüedad, no sabemos si intencionada o no”, agregó.

La diputada de EUPV Esther López denunció que la Renta Garantizada de ciudadanía en la Comunidad “es la crónica de un abandono anunciado a las personas que más lo necesitan, una renta mínima de inserción que como ya hemos venido denunciando durante meses y meses no llega a las personas que más lo necesitan, que no pueden llegar a fin de mes y que, en muchos casos, son familias que lo necesitan para poder comer”. La diputada pidió también que se habilite una línea de crédito.

La vicesíndica del grupo parlamentario popular, Marisol Linares, reiteró los argumentos que dio la Consejería de Bienestar Social a este periódico el pasado martes y señaló que en 2014 se produjo una mayor demanda de la ayuda y el citado departamento resolvió sólo en el primer semestre 10.392 expedientes, cuyo pago de todos ellos está “al día”.