Los desahucios por alquiler duplican a los hipotecarios en Cataluña

Los desahucios por impagos hipotecarios no dejan de ejecutarse, pero cada vez son más visibles los de familias que no pueden hacer frente al pago del alquiler y terminan expulsadas por sus caseros. Esta realidad ha aflorado gracias al desglose inédito de cifras de los diferentes tipos de lanzamientos que desde el año pasado realiza el Consejo del Poder Judicial. En el primer trimestre de este año, en Cataluña se realizaron 4.276 desahucios, 2.722 de ellos por procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, un 63% del total.

Es por ello que las Administraciones y entidades sociales se han visto obligadas a poner sobre la mesa estrategias distintas para evitar la pérdida de los hogares, pues la mediación para intentar evitar estos lanzamientos tiene más aristas. “La dación en pago la conseguimos gracias a la presión ciudadana. Negociar con un particular para que no saque a la calle a una familia es otro mundo”, resume uno de los portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Las cifras ratifican la tendencia de 2013, cuando según los datos de los juzgados de primera instancia catalanes se realizaron 16.008 desahucios, 10.817 de ellos por alquileres (67% del total) y 4.426 por ejecuciones hipotecarias. También hay registro de 765 casos derivados de otros procedimientos.

El caso de los tribunales de Barcelona es el más duro, pues en ellos se dictan una veintena de órdenes de lanzamientos o desahucios al día. En esta provincia se realizaron el año pasado más de 11.000, según las cifras oficiales. Y el 90% corresponde a inquilinos que no pueden pagar sus alquileres. “El perfil del casero es bastante variado, no estamos hablando de grandes propietarios sino de personas que necesitan la renta para poder vivir”, explica Antoni Sorolla, gerente adjunto de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Salva Torres, activista de la asociación 500x20, niega que “muchos de los dueños lo tengan como única fuente de ingresos”.

En 2013, Cáritas Diocesana atendió a un total de 7.500 personas en el servicio de mediación de la vivienda y logró frenar unos 600 desahucios en su área de acción, las tres diócesis de Barcelona. Carme Trilla, la jefa de Acción Social de la ONG, explica que la mitad ya son por impago del alquiler. En muchos de los casos se trata de personas que ya habían perdido su hogar por culpa de la hipoteca y se vuelven a ver en la calle, asegura Trilla. “Se trata de historias mucho menos mediáticas y es verdad que posiblemente la gente no arrastra una deuda con una entidad, pero el concepto sigue siendo el mismo: se quedan sin un hogar”, apunta Sorolla. Cataluña es la segunda comunidad autónoma con más desahucios, después de Andalucía.

El Ayuntamiento de Barcelona inició en octubre de 2012 el programa específico de alquileres, a través de las Oficinas de Vivienda, y en este tiempo se han realizado 276 mediaciones. “En unas 130 (el 55%) hemos evitado que el inquilino se vaya a la calle, en otras 100 no se ha podido llegar a un acuerdo y los otros casos siguen abiertos”, asegura el gerente adjunto de Vivienda.

Si bien el centro de la negociación es la capacidad de pago, hay otros factores. “Todo depende mucho de la relación que haya entre las partes —confiesa Sorolla—, pues la práctica demuestra que el casero prefiere mantener a un inquilino si está contento con él”. Se plantean posibilidades como las reducciones en el canon si se pagan las deudas acumuladas. Cáritas y el Ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales, también entregan algunas ayudas puntuales en metálico para poder hacer frente a esas deudas.

El alud de peticiones hace que una vez más el esquema de ayudas se vea sobrepasado. A la espera de que el Ayuntamiento complete su programa de viviendas de alquiler público de precio asequible, queda confiar en la buena fe del inquilino. Desde la PAH y otras plataformas miran con recelo los procesos de mediación, tanto entre privados como con las entidades financieras. “Los desahucios de alquiler no son una responsabilidad entre privados, sino una responsabilidad política de la Administración de garantizar el derecho a la vivienda”, asegura Torres.