Los geriátricos expedientados por Bienestar aumentaron un 18% en 2013

La multa al servicio médico de una residencia geriátrica en el barrio barcelonés de Les Corts por no “tener el control adecuado” de un paciente con demencia senil, que falleció tras un retraso en la asistencia médica recibida, ha puesto sobre la mesa el debate de las inspecciones que realiza la Generalitat. Entre 2012 y 2013, los últimos datos disponibles, el número de expedientes abiertos ha subido un 18%, desde 50 a 59. Aunque el Departamento de Bienestar Social y Familia no especifica cuántos de ellos finalizan sanción ni las irregularidades detectadas, el sector calcula que entre un 10% y un 15% terminan en multa. Las asociaciones que agrupan a los geriátricos consideran que el volumen de expedientes es reducido, pero pide más claridad en los requisitos de las inspecciones.

“Los geriátricos tienen unos protocolos que en teoría son óptimos, pero que luego dejan mucho que desear a la hora aplicarlos”, denuncia Adela Angelet, representante de la Asociación de Vecinos de Les Corts en la Coordinadora de Afectados de Residencias de Cataluña, que se creó a raíz del caso del centro Montnegre de su barrio. Desde esta plataforma insisten que las inspecciones deberían ser más rigurosas. “Los controles de pocas horas no permiten conocer la situación de los centros”, asegura Joan Hernández, el hijo del fallecido en la residencia.

La ley establece que estos centros, sean públicos o privados, tienen que someterse a una inspección obligatoria al año por parte del departamento que encabeza Neus Munté, más las que hacen Salud o Empresa y Empleo. El año pasado, Bienestar realizó un total de 4.248 visitas y la mitad de ellas terminaron con el levantamiento de actas por algún incumplimiento de los protocolos. Estos documentos pueden establecer recomendaciones que si no se cumplen pueden terminar en sanciones. Un total de 181 de las inspecciones se realizaron tras denuncias. En 2012, fueron 230. Cataluña cuenta con 56.920 plazas de residencia, de las cuales 9.410 son públicas, más de 14.000 completamente privadas y el resto concertadas.

Un total de 181 de las inspecciones se realizaron tras denuncias

Desde la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (ASCAD) calculan que entre un 10% y un 15% de los procesos sancionadores iniciados terminan en multa, explica su vicepresidente Iñaki Antón. “El número incoación de expedientes es muy pequeño, lo cual muestra la calidad en el servicio”, defiende Antón, algo en lo que coincide Montse Llopis, directora general de la Asociación Catalana de Recursos Sociales (ACRA). “Somos uno de los sectores más inspeccionados, en algunos casos y dependiendo del tamaño del centro pueden venir hasta dos personas encargadas de la revisión y estarse jornadas completas”, agrega Llopis.

El sector, sin embargo, lleva años pidiendo a Bienestar el desarrollo de una check list, una lista que recoja los protocolos y permita, en palabras de Antón, “objetivar la inspección”. Y pone como ejemplo el caso de la rampa de una residencia, que contaba solo con una barandilla para evitar que en el caso de una caída, el residente se golpeara la cabeza con la otra. “Durante muchas inspecciones esto no se vio como una irregularidad. Hasta que un día una inspectora considera que es irregular. ¿Por qué ha cambiado el criterio?”, se pregunta el médico. “En muchos casos, dependiendo de la formación de cada inspector, se valoran unas cosas más que otras. Esto debería ser más uniforme”, dice la directora de ACRA.