Santiago Calatrava, imputado por el Centro de Convenciones de Castellón

A Santiago Calatrava, el arquitecto estrella del Gobierno valenciano en la era de Francisco Camps y Eduardo Zaplana, se le abre un nuevo frente judicial tras la demanda que la Generalitat le ha interpuesto por no poder garantizar la reparación de la cubierta del Palau de les Arts. Y en esta ocasión los problemas le llegan por una obra que ni siquiera ha ejecutado. Un juzgado de Castellón, tal y como informó ayer el Tribunal Superior de Justicia valenciano, le ha citado a declarar el 2 de septiembre como imputado en una investigación abierta para esclarecer si hubo irregularidades en la contratación del arquitecto para la ejecución del llamado Centro de Convenciones. Este edificio, presentado oficialmente hace siete años, estaba llamado a ser el emblema de la ciudad, a imagen de lo que la Ciudad de las Artes y las Ciencias lo es para Valencia.

La obra se ha quedado solo en una maqueta pero Calatrava cobró de la Generalitat 2,7 millones por honorarios y estudios previos. El juzgado investiga si este pago cumple con la legalidad, pero también si la contratación del proyecto, que se hizo en un proceso negociado sin publicidad atendiendo a un supuesto objetivo artístico, fue justificada. El tribunal ya ha tomado declaración como imputados a dos cargos de la Administración valenciana. El primero es el exsecretario autonómico de Hacienda y Presupuestos, Eusebio Monzó (que fue destituido tras su imputación). El otro alto cargo encausado es Javier de Diego, el ex director técnico de la empresa pública responsable de la contratación, la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), Javier de Diego. También se ha tomado declaración al antiguo responsable de la oficina de Calatrava y actual subsecretario del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Fernando Benzo.

Calatrava visitó Castellón en diciembre de 2007. Acudió a un acto en el Ayuntamiento que escenificó el acuerdo entre Camps y el entonces alcalde de la ciudad, Alberto Fabra (ahora presidente valenciano) para construir el vanguardista edificio. “En realidad no sé cómo será, pero será trascendente”, dijo. Allí improvisó un primer boceto de la obra: un dibujo de una mujer sentada con una paloma en la mano. Al año siguiente regresó para presentar la maqueta por todo lo alto. Le acompañaron Camps, Fabra y el entonces presidente de la Diputación, Carlos Fabra. Calatrava desveló entonces su plan: un diseño de un edificio con una torre de 151 metros de altura, el más alto de la ciudad. El proyecto comprometía el pago de 100 millones de las arcas públicas a pesar de que el Gobierno valenciano había presupuestado 60.

La negociación se hizo, además, sin contar con los terrenos necesarios para su ejecución. El Centro de Convenciones se ideó en una zona de expansión de Castellón, en un solar que el ayuntamiento debía ceder a la empresa pública SPTCV. La obra se incluyó, junto a otra del arquitecto Frank Gehry (tampoco ejecutada), en el PAI Mestrets, un gran proyecto urbanístico que ha sido paralizado por los tribunales. La Generalitat valenciana dejó en suspenso la obra en 2012 por la coyuntura económica.

La Sindicatura de Comptes (el tribunal de cuentas valenciano) alertó años atrás de irregularidades en este proceso. En un informe de 2010 reveló que la SPTCV pagó 2,7 millones por la redacción del anteproyecto y proyecto básico “sin que en el expediente constase la documentación acreditativa de su aprobación por el órgano de contratación”. Para subsanarlo, un consejo de administración celebrado a posteriori (en marzo de 2011) acordó ratificar las decisiones adoptadas. En cuanto a la diferencia del presupuesto, se acordó que en el momento en que se dictara la orden de inicio del proyecto se debían tener las previsiones iniciales del presupuesto. Es decir, 60 millones.

En 2011, la ahora eurodiputada Marina Albiol, de Esquerra Unida accedió al contrato de la Generalitat con el arquitecto y decidió llevarlo a la fiscalía. “El dinero público no puede servir para llenar los bolsillos de arquitectos estrella, ni para pagar los caprichos de Camps o de Carlos Fabra”, dijo entonces. Pero poco después el ministerio público archivó el caso.

La denuncia de un particular ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante (que derivó el caso a Castellón) ha conseguido la reapertura del asunto con el consiguiente paseíllo judicial de quienes participaron en aquel proyecto. La denuncia presentada habla de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la Administración.

Ayer, tras conocer la imputación, el grupo de Esquerra Unida celebró que “por fin”, cuatro años y medio más tarde, se esté investigando el caso. En un comunicado, lamentaron la actitud del Consell: “Lo único que ha hecho ha sido proteger a su arquitecto estrella, el niño mimado del Partido Popular”.

Junto a la declaración de Santiago Calatrava, el Juzgado de Instrucción 5, que lleva el caso, está recabando documentos. El juez exige al estudio del arquitecto que detalle con qué criterios, si del ayuntamiento o de la Generalitat, llevó a cabo los estudios previos. También ha pedido al gobierno valenciano el acta de autorización del presupuesto y el informe que acredite los objetivos artísticos que motivaron la contratación sin publicidad. Finalmente, reclama al Ayuntamiento de Castellón datos sobre la ubicación y la titularidad del solar donde se proyectó el edificio.