Un mes para devolver el ‘goya’ y el ‘greco’

En julio de 2013, el Ayuntamiento de Barcelona accedió por primera vez al palacete de la calle Muntaner y a su contenido, en espacial a la fabulosa colección de obras de arte, que el industrial Julio Muñoz Ramonet le había dejado en herencia en 1991. La alegría por tomar posesión de este legado, después de 22 años, quedó empañada al comprobar que la mayor parte de las obras maestras, sobre todo las firmadas por autores como Velázquez, Ribera, Zurbarán, Rembrandt, Sorolla, Fortuny, Murillo, Monet, Berruguete, Carreño de Miranda, Corot, Delacroix, Renoir y un largo etcétera, habían desaparecido y en su lugar solo había obras menores contemporáneas.

Pese a todo, la Fundación Julio Muñoz Ramonet, entidad creada por el Ayuntamiento de Barcelona en 1995, con el propósito de llevar a cabo la última voluntad de Muñoz Ramonet, daba por hecho que dos de las obras más importantes del conjunto: La Anunciaciónde El Greco y La aparición de la Virgen del Pilar de Francisco de Goya (valoradas entre seis y siete millones de euros) estarían en su poder en poco tiempo. Nada más lejos de la realidad. Pasado un año, las obras siguen en paradero desconocido en poder de las hijas del industrial que se niegan a entregarlas, como el resto de la colección. Pero la cosa cambiará si prospera el auto de 24 de julio que el juez de Primer Instancia encargado de ejecutar la sentencia, obliga a las hijas a entregar los dos cuadros en el plazo de un mes —el mes de agosto no es hábil y por lo tanto el plazo concluye el 24 de septiembre—, advirtiendo que en caso contrario podría pedir el auxilio de la fuerza pública.

En mayo, Manuel Castelo Muñoz, hijo de Isabel y nieto de Julio Muñoz, aseguró ante este juez que los dos cuadros no eran ni de Culturarte, una de las empresas familiar ni de ninguna de las cuatro hermanas condenadas a entregar las obras del legado, sino que los cuadros le pertenecían a él legítimamente desde el 3 de enero de 1991, después de que se su madre se los donara al cumplir la mayoría de edad. El juzgado ha desestimando estas alegaciones tras no presentar Castelo ningún tipo de prueba que las acredite. El juez, además de requerir en su auto la entrega de los dos cuadros en el plazo de un mes, hace notar que en enero de 1991 Julio Muñoz Ramonet no había fallecido, recuerda la sentencia firme de 2007 de la Audiencia Provincial en la que queda claro que los dos obras son parte del legado de Barcelona pendientes de entregar y concluye que legalmente las obras están en depósito desde 2011 en casa de Isabel Muñoz, tras recuperarlas la Guardia Civil en Alicante, dentro de la Operación Creta,en una casa de su ex marido y padre de Manuel Castelo, al que Isabel había acusado de sustraerlas del domicilio conyugal, “por lo que la entrega sigue siendo posible”, dice el juez. En caso de que no se así, tendrán que entregar la estimación económica de las mismas, tal y como fijo la Audiencia Provincial en su sentencia de 2009.

El litigio entre las sucesoras y Barcelona dura ya 19 años

Esta historia de desavenencias familiares y obras de arte se ha desarrollado desde el comienzo en los juzgados. Tras la muerte de su padre en 1991, las hijas pidieron la nulidad legal del testamento por estar escrito en alemán. Luego ocultaron el legado al Ayuntamiento de Barcelona hasta que en 1995 el asunto se destapó tras publicar la historia EL PAÍS, iniciándose una lucha en los juzgados que acabó en el Tribunal Supremo que dio la razón (por tercera vez) a la ciudad de Barcelona.

En este último año, todo parece continuar igual ya que las hermanas Muñoz Villalonga han interpuesto hasta 17 recursos ante cualquier decisión del juzgado, con el objetivo de impedir o ralentizar la ejecución de la sentencia y la entrega de las obras. En uno de estos recursos intentan minar todo el proceso asegurando que la Fundación Julio Muñoz no es legal ya que el Ayuntamiento no tiene poder para impulsarla, ya que solo el albacea designado en el testamento —el abogado barcelonés Enrique Granados Jarque— o las propias hijas podían hacerlo. Por eso, piden la nulidad y la extinción de la fundación y que sea la Generalitat, en su Protectorado de Fundaciones Privadas, la que lleve a cabo la constitución de una nueva, a iniciativa de los herederos del industrial, sus hijas y sus nietos.

Las herederas han interpuesto 17 recursos en este último año

En el escrito de la demanda presentada en abril, piden medidas cautelares por las que se intervenga judicialmente la fundación, además de una indemnización por daños y perjuicios al Ayuntamiento por intromisión del honor y mancillar el nombre de Muñoz Ramonet. También se asegura que el albacea Enrique Granados murió poco después de la muerte de Julio Muñoz, sin que pudiera cumplir con su deber de otorgar la carta fundacional. En realidad, Granados falleció el 3 de febrero de 1995, cuatro años después de morir Julio Muñoz, un plazo razonable para que hubiera comunicado la última voluntad al Ayuntamiento y hubiera llevado a cabo la creación de la fundación. Algo que tampoco han cumplido las hijas una vez desapareció el albacea.

Ante el juzgado han pedido la nulidad y extinción de la Fundación por ilegal

En mayo, el juzgado negó la medidas cautelares, pero el proceso continúa y en noviembre está previsto que se señale la audiencia previa en la que la Fundación presentará un dictamen jurídico que avala la legalidad de su creación por parte del Ayuntamiento.

De forma paralela, la querella criminal presentada por la Fundación contra las hijas “por la constatación de la sustracción y falta de entrega de la mayor parte del legado” en la que se reclamaban 853 objetos desaparecidos de la casa, 672 de ellos obras de arte, después de cotejar diferentes inventarios y listados acumulados en el largo del proceso, obligará en octubre a declarar a las cuatro demandadas, además de a cinco testigos —tres de ellos restauradoras de arte— y a la experta en arte estadounidense Lori Gross que entre octubre de 1991 y febrero de 1992 asesoró en la elección de más de 300 obras de la colección, planificó su traslado a un palacete de la calle Villanueva de Madrid, y una vez allí, supervisó su desembalaje, tal y como dio a conocer EL PAÍS hace un año.

El plazo dado por el juez termina el 24 de septiembre, festividad de la Mercé patrona de Barcelona. Un goya y un greco serían un regalo excelente para celebrar la diada.