La Junta dio 21,6 millones de euros a Egmasa sin procedimiento legal

La Junta de Andalucía dio 21,6 millones de euros a la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa) "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal", sin publicidad ni concurrencia y con una sobrecomisión de 1,2 millones, según un informe de la Intervención General del Estado. La cantidad fue concedida para un ERE en 2003, que supuso 348 prejubilaciones. El informe ha sido entregado a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya.

Según el documento, la Junta no hizo ningún análisis económico sobre la necesidad de las ayudas y "especialmente en lo que se refiere a que la empresa no tuviera capacidad económica para hacer frente, en todo o en parte, a las obligaciones asumidas". Al prescindir "total y absolutamente del procedimiento legal establecido", las ayudas para el ERE pudieran ser "nulas de pleno derecho", dicen los interventores del Estado, que ya han elaborado varios informes sobre las ayudas que investiga la juez Alaya.

El documento detalla que en Egmasa no se publicaron ni existieron bases reguladoras de la concesión de las ayudas, no se aplicaron criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, no se acreditó el carácter excepcional de las ayudas ni la finalidad pública o interés social, no hubo solicitud formal ni resolución motivada de la Consejería de Empleo, el director general de Trabajo carecía de competencia delegada y el crédito presupuestario utilizado para su otorgamiento no fue el adecuado.

A ello añaden que en estas ayudas se utilizó el sistema de "pagos cruzados", en los que la dirección general de Trabajo ordenaba a las aseguradoras "desviar los fondos desde su destino inicial (el pago de determinadas pólizas) a oro distinto (el pago de pólizas diferentes)". "El uso de esta figura irregular provocó, entre otros problemas, la carencia absoluta de control en el pago de las ayudas", dado que esos pagos cruzados no quedaban reflejados en la contabilidad de las agencias andaluzas IFA e Idea.

En opinión de los interventores, "no se ha acreditado el carácter excepcional de las ayudas concedidas", que además "en ningún caso podrían tener el carácter de excepcional, dado que han sido concedidas por la Junta de Andalucía ayudas similares de forma habitual y reiterada durante un largo periodo de más de diez años". La subvención a Egmasa no fue sometida por la Consejería de Empleo a fiscalización previa de la Intervención Delegada en dicha consejería, "como era legalmente exigible", según los peritos.

Finalmente, indican que la Junta asumió al menos el 90% del coste total de esta póliza, sin que haya constancia de que la empresa haya pagado el importe que asumió. La comisión cobrada por las aseguradoras en la póliza de Egmasa superó la media del mercado, al igual que en otras ayudas analizadas en el sumario de los ERE, y en este caso ascendió a 1.258.014 euros, según la Intervención del Estado.

Por otro lado, la Guardia Civil acusa al exalcalde de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) Antonio Maestre (PSOE) de los delitos de prevaricación, malversación y fraude en subvenciones por la ayuda de 901.518,16 euros concedida para la realización de un centro ecuestre que nunca llegó a ver la luz. La Guardia Civil tomó declaración al exregidor en mayo.

Fue el pasado mes de febrero cuando la juez Alaya ordenó a la Guardia Civil que investigara esta ayuda después de recibir por parte de la fiscalía hispalense las diligencias de investigación abiertas tras la denuncia presentada al respecto por el alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle (IU). La juez considera que IFA/Idea abonó 750.000 euros de la referida ayuda, que formaba parte del compromiso de una ayuda excepcional de seis millones de euros en virtud del protocolo de colaboración de 20 de marzo de 2003 para dicho complejo ecuestre, aunque "de las diligencias recibidas se desprende que únicamente" se han acreditado por parte del Ayuntamiento "dos gastos de inversión" por importes de 10.440 y 11.994,40 euros, respectivamente.