La juez del accidente del metro seguirá la investigación del caso Blasco

La juez Nieves Molina, que archivó y ahora vuelve a investigar por orden de la Audiencia de Valencia la causa del accidente de metro de 2006, será la encargada de continuar la instrucción del caso Blasco.

El Tribunal Superior de Justicia condenó en mayo a ocho años de cárcel al exconsejero Rafael Blasco por el desvío de las ayudas a la cooperación internacional de la Generalitat. Junto a él fueron sentenciados los miembros de la cúpula de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía que dirigía Blasco. El experimentado político, elegido en la lista del PP diputado de las Cortes Valencianas dimitió tras conocerse la condena, perdiendo así la condición de aforado que determinaba la competencia del Tribunal Superior.

Los magistrados de la Sala Civil y Penal decidieron por ello trasladar las dos piezas de la causa cuya investigación aún no ha terminado a la Audiencia de Valencia, que ha encomendado la continuación de las pesquisas a Molina, titular del juzgado de Instrucción número 21.

Molina conoce bien el caso porque fue ella, con el apoyo de los fiscales Vicente Torres y Jesús Carrasco, quien armó la investigación durante meses y ordenó las escuchas de los implicados, manteniendo el sumario secreto. La magistrada ordenó la detención de la mayor parte de los integrantes de la trama de cooperación a principios de 2012.

En el verano de ese año la juez planteó la imputación de Blasco, lo que llevó el caso al Tribunal Superior a hacerse cargo de las pesquisas y al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a retirar al exconsejero la portavocía del Grupo Popular en las Cortes. El año pasado, cuando se dictó la apertura de juicio oral, Blasco fue presionado por el partido para que abandonase el grupo, pasando a integrar el de no adscritos.

El exconsejero aún no ha entrado en prisión porque ha recurrido la sentencia al Tribunal Supremo. Si éste confirma el fallo de los jueces valencianos Blasco todavía podrá solicitar el indulto. En su caso, sin embargo, al contrario de lo que ha ocurrido con otros condenados como su antiguo compañero de escaño Pedro Ángel Hernández Mateo, la petición de la medida de gracia no paralizará su ingreso en prisión, dado el alto número de años al que ha sido condenado.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó severas medidas cautelares contra Blasco, como una fianza de dos millones de euros y la comparecencia diaria ante el tribunal, al entender que existía riesgo de fuga. Los magistrados rebajaron, sin embargo, la fianza a 200.000 euros, que el exconsejero reunió en menos de 24 horas, y redujeron su obligación de presentarse a una vez a la semana.

Las partes del también conocido como caso Cooperación que quedan por investigar comprenden el supuesto fraude en la construcción de un hospital en Haití después del terremoto que el país sufrió en 2010, un proyecto que la Generalitat abandonó tras destaparse el escándalo. Y también decenas de subvenciones dirigidas a proyectos en América Latina, África y Asia de las que se apropió supuestamente la trama.