El gobierno de Ourense de 2007 al completo recibe su segunda imputación

El gobierno ourensano suma una nueva imputación masiva. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, ha imputado a toda la Junta de Gobierno bipartita (PSdeG-BNG) de los años 2007 y 2009 por supuesta prevaricación, tras legalizar una urbanización del centro de la ciudad (plaza de San Antonio) con orden de derribo y por pagar una indemnización de 358.000 euros a una vecina de la zona que había denunciado ilegalidades en la obra. Entre la decena de imputados se encuentra el actual regidor socialista, Agustín Fernández, y sus dos tenientes de alcalde, Marga Martín y Áurea Soto, imputada ya en este mismo caso en calidad de edil de Urbanismo. Tras la decisión del juez, el alcalde acumula tres imputaciones judiciales, todas presunta prevaricación.

En esta investigación, iniciada tras una denuncia del grupo político de la oposición Democracia Ourensana, también ha sido imputada la actual concejala de Educación, Ana Garrido, y el exalcalde socialista, Francisco Rodríguez, que dimitió del cargo tras su detención y posterior implicación en la Operación Pokémon. Junto a ellos, cierran el bloque de políticos bajo el foco del juez, el exedil socialista, Demetrio Espinosa, y los exconcejales del Bloque, Alexandre Sánchez Vidal, Andrés García Mata, Isabel Pérez y Marta Arribas. Esta misma Junta de Gobierno ya fue imputada hace meses en el caso Bedoya, en el que otro juez indaga la adjudicación, supuestamente a dedo, con urgencia y sin publicidad de una obra de casi 600.000 euros a una empresa de la que es directivo un miembro de la ejecutiva local del PSdeG con puesto en la candidatura socialista a las últimas elecciones locales.

Hace dos semanas y ante la sospecha del nuevo encausamiento masivo que finalmente se ha confirmado, la edil de Urbanismo y su abogado, Carlos Hernández, también imputado en este caso tras emitir uno de los informes que avaló la operación, cargaron contra jueces y fiscales desde el salón de plenos. Soto -que acumula seis imputaciones- y su letrado reclaman un trato igualitario de la judicatura. El instructor había pedido al Ayuntamiento la identificación formal de los políticos de la Junta de Gobierno, el paso previo a la imputación. Y es que hay 12 causas judiciales abiertas contra políticos del Ayuntamiento de Ourense, una situación que ha llevado al gobierno local a denunciar en reiteradas ocasiones, la existencia de una "estrategia de acoso y derribo". Esas críticas levantaron ampollas en los juzgados, hasta el punto de que, en un proceder insólito, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acordó recabar información para adoptar medidas tras el parón de agosto.