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Salut multa al servicio médico de un geriátrico

Mutuam tendrá que responder por no “tener el control adecuado” de un paciente de una residencia

De izquierda a derecha, Adela Angelet, Joan Hernández y Cristina Escue.
De izquierda a derecha, Adela Angelet, Joan Hernández y Cristina Escue.

Lo que comenzó como una úlcera en un dedo del pie de Joan Hernández Cortés, en septiembre de 2011, terminó convertido en una gangrena. El hombre, de 88 años y con demencia senil, estaba internado en la Residencia Les Corts —del Departamento de Bienestar, pero de gestión privada— en Barcelona. Al poco tiempo murió. La familia denunció falta de cuidado por parte de Mutuam, que prestaba el servicio de atención sanitaria a la residencia (EAR), algo que el Servicio Catalán de Salud considera probado y por lo que le impuso una multa de 3.000 euros. Joan Hernández, el hijo del fallecido, lidera junto con otros supuestos afectados una campaña para revisar los protocolos del centro que, denuncian, descuidan a los ancianos. La empresa y la actual operadora, Vella Terra, no respondieron las llamadas de este diario.

Según la resolución del Departamento de Salut, fechada el pasado 7 de marzo, Mutuam “no hizo un control adecuado del paciente” y la historia clínica del enfermo tiene anotaciones “claramente insuficientes” respecto “al control, orientación médica, diagnóstica y tratamiento”. El director general de la empresa es Josep Arqués i Suriñach, ex alto cargo del Departamento de Sanidad de la Generalitat. En el documento, Arqués sostiene que todas las actuaciones son acordes con los protocolos de atención y que no tener anotaciones detallas en la historia “es una simple irregularidad administrativa”.

El hijo de Hernández explica que los médicos de la mutua desoyeron las recomendaciones de la médico de la residencia y no remitieron al paciente a un centro médico para que se le tratara la úlcera del dedo. La familia finalmente llevó por su cuenta al paciente a un Centro de Atención Primaria, donde se le trasladó con urgencia al hospital Clínic. Allí se le diagnosticó una isquemia crónica pero se desaconsejó cualquier tipo de intervención quirúrgica debido al estado del paciente y se le remitió de nuevo a la residencia. Allí falleció el 16 de abril de 2012.

Arqués se defendió en su día diciendo que desde el hospital se recomendaron hacer las mismas curas que se hacían en el centro y pone de manifiesto la “desconfianza” de la familia hacia la atención que presta su empresa. Y solicitó que se archivara la investigación, sin éxito.

Varios familiares insisten en una nueva inspección en el centro

Salut determinó, por su parte, que los protocolos de atención de úlceras de Mutuam “no se adecuan a los criterios basados en evidencia científica” y que tampoco se cumplieron, pues implicaban que “ante la evolución dificultosa de una úlcera en la extremidad inferior se derivará a la atención especializada de cirugía vascular”, algo que hizo la familia, no los médicos.

“Es importante que la gente denuncie y recurra a los mismos organismos de inspección que tiene la propia Administración. Un caso así por la vía judicial había tardado años”, dice Hernández, que junto con la Asociación de Vecinos de Les Corts y otros presuntos afectados creó la Coordinadora de Afectados de Residencias de Cataluña. Su idea es que la gente que ha vivido casos similares pueda tener una manera de asesorarse

Cristina Escué asegura que su madre sufrió falta de atención en la misma residencia y está pendiente de la resolución del expediente. Asegura que también la llevó al hospital por decisión personal y allá descubrió que estaba deshidratada y con una infección urinaria.

“Las residencias tienen unas pautas de trabajo que se suponen óptimas, pero en el momento de la ejecución parece que dejan mucho que desear”, explica la representante de los vecinos, Adela Angelet. Las irregularidades, supuestas y probadas, han sido expuestas ante el Síndic de Greuges y el pleno del distrito de Les Corts.

Aunque ya se ha conformado un consejo de participación de la residencia, con la participación del Departamento de Bienestar, los afectados insisten en que se hagan nuevas inspecciones más exhaustivas y extendidas en el tiempo. El Ayuntamiento, aunque no es su competencia, ya ha enviado representantes para conocer de primera mano la situación. “Nos cuesta creer que todo esté normal como dicen. Hay muchas quejas y una multa por descuido”, remata Hernández.