La Junta de Gobierno de Mónica Lorente comienza a declarar

Pese al reparo del interventor municipal, Pepa Ferrando, la presidenta local del PP de Orihuela, autorizó pagos como concejal de Turismo porque "prevalece el derecho a cobrar de quien presta el servicio antes que cualquier película que se quiera montar”.

Es lo que dijo a la salida del juzgado de primera instancia número 3 oriolano, en respuesta a la denuncia de prevaricación presentada por el PSPV ante Fiscalía y que durante esta semana sentará como imputados a los nueve concejales populares que conformaron la Junta de Gobierno Local entre el 2007 y 2011, la legislatura en la que Mónica Lorente ostentó la alcaldía de la capital de La Vega Baja. Ferrando fue la primera de una lista de políticos a los que se les imputa el pago de distintas facturas en 2008 con el “reparo” de la intervención municipal.

La política detalló a los periodistas que se le atribuyen varios paquetes de facturas, dos de ellos con 19 pagos por valor de unos 55.000 euros y otro más pequeño por importe de algo más de 3.000 por trabajos por limpieza y mantenimiento de monumentos y museos cuando tenía competencias municipales de Turismo y Patrimonio.

“Como bien firmó el técnico y yo misma”, se responsabilizó Ferrando, “los trabajos estaban prestados y prevalece el derecho a cobrar de quien realiza el servicio antes que cualquier interés político o película que nadie pueda montar". Fueron trabajos "puntuales", continuó antes de señalar que al mismo tiempo el Área de Contratación estaba preparando el pliego para licitar el servicio

"Una cuestión política"

También declararon este lunes los populares Antonio Lidón, y Manuel Abadía, si bien este último rechazó hablar con la prensa a la salida de los tribunales. Lidón explicó que las facturas por las que le reclaman fueron unos pagos realizados a una empresa cuyo contrato estaba vencido pero pendiente de adjudicación, pese a que no iba a recaer sobre la antigua adjudicataria el servicio.

El exedil señaló que la propia providencia del juzgado indica que las facturas cuentan con el conforme del jefe del servicio de Contratación, Antonio Garví Ruiz, lo que ratifica a Lidón en su idea de que "esto va de lo que va", haciendo alusión a una hipotética persecución política por parte de los socialistas.