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La policía sitúa a Cotino en el centro del amaño de la visita del Papa

La UDEF entrega su último informe sobre el mayor pelotazo de la trama Gürtel

El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, mira un papel con notas durante sus declaraciones a los medios. Ampliar foto
El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, mira un papel con notas durante sus declaraciones a los medios.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) describe con detalle en su último informe las numerosas corruptelas que envolvieron la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, en lo que constituyó el mayor pelotazo conseguido por la trama Gürtel, de cerca de siete millones de euros. La policía desmiente la versión sostenida hasta ahora por el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, que ha negado haber tenido poder decisorio en la organización del viaje del Pontífice, ni en las contrataciones efectuadas.

El informe que la UDEF ha entregado al juez José Ceres, que investiga en Valencia el caso Gürtel, concluye en cambio que "Juan Cotino era el elemento nuclear en el sentido de ser el responsable último en la toma de decisiones". El presidente del Parlamento valenciano y uno de los hombres más cercanos al expresidente de la Generalitat Francisco Camps recibió además, según señala la policía, el aviso del gran fraude que estaba gestando el grupo de Francisco Correa. Cotino no solo desoyó la advertencia sino que a raíz de recibirla el denunciante, José Selva, responsable de infraestructuras de los actos del Pontífice, fue "marginado" de la organización hasta que presentó su dimisión.

Sobre la base de las declaraciones de testigos e imputados, de la documentación intervenida a la trama corrupta y de las conversaciones grabadas a sus cabecillas, la policía describe a Cotino como la persona por la que pasaban todas las decisiones. Y ello a pesar de no figurar en el patronato de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, creada por las Administraciones valencianas y la Iglesia para gestionar los actos papales, y ser formalmente solo consejero de Agricultura.

Cotino, según la UDEF, participó en uno de los primeros pasos que se adoptaron presuntamente para ejecutar la estafa: quitar a Televisión Española la retransmisión de los actos, algo de lo que siempre se había encargado en viajes de Pontífices a España, y dársela a Canal 9. A continuación, el presidente de las Cortes Valencianas intervino en la decisión de sacar del seno de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias uno de los contratos más cuantiosos y el que finalmente fue captado por la trama corrupta: la instalación de medio centenar de pantallas gigantes en distintos puntos de la ciudad de Valencia para la retransmisión de los actos religiosos que se celebraban en el jardín del Turia. Ese contrato pasó a ser competencia también de Canal 9, la televisión autonómica ahora cerrada.

A pesar de no estar oficialmente previsto, prosigue la policía, Cotino participó en muchas de las reuniones del patronato de la Fundación V Encuentro. En varias de ellas se abordaron contrataciones con Orange Market, la filial de la trama de Francisco Correa en Valencia.

Camps, Barberá y el Papa Benedicto XVI durante su visita a Valencia ampliar foto
Camps, Barberá y el Papa Benedicto XVI durante su visita a Valencia

La policía da credibilidad al testigo José Selva, el ingeniero responsable de infraestructuras del encuentro religioso que declaró ante el juez que alertó a Cotino en febrero de 2006 del fraude que estaba preparando la trama corrupta.

Selva le dijo a Cotino, según el informe, que el cabecilla de Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes, se paseaba por las obras que se estaban realizando en el jardín del Turia diciendo que era el "adjudicatario" de los trabajos. Selva añadió que se "olía que había dinero de por medio, que le parecía muy fuerte que estando el nombre del Papa y la Iglesia de por medio se jugara con dinero, bien para el partido, bien para el que fuera". El político valenciano, según la declaración de Selva, le respondió "que se había decidido que fuera Televisión Valenciana la que adjudicara" las pantallas gigantes y que con "el informe favorable de los técnicos se había adjudicado a este hombre", en referencia a El Bigotes.

La afirmación era falsa desde el punto de vista oficial porque la adjudicación, no a El Bigotes sino a la constructora leonesa Teconsa, la empresa pantalla que utilizó la organización de Francisco Correa, no se produjo hasta tres meses más tarde, en mayo de 2006.

Asistentes a los actos del Papa Benedicto XVI en Valencia en 2006 ampliar foto
Asistentes a los actos del Papa Benedicto XVI en Valencia en 2006

La respuesta atribuida a Cotino era cierta, en cambio, en sentido práctico: El Bigotes y el resto de la trama estaban ya trabajando de hecho en la instalación de las pantallas desde principios de 2006, como si hubieran ganado una adjudicación que formalmente todavía no había sido convocada.

La explicación que el hoy presidente de las Cortes Valencianas ofreció presuntamente al ingeniero Selva encaja con la conclusión del informe de la UDEF de que la adjudicación estuvo preparada desde el principio. El procedimiento administrativo se articuló sobre "la búsqueda de un resultado final querido, construyendo ad hoc los elementos del expediente para lograr tal fin".

"Dicho de otro modo", agrega la policía, "primero se perfecciona el contrato entre Radio Televisió Valenciana (RTVV) y Teconsa y con posterioridad se viste hacia atrás el expediente administrativo que debiera motivar tal contratación". La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal menciona como una de las escasas oposiciones que el entonces director de RTVV y hoy imputado, Pedro García, encontró en el proceso, la del extécnico de la corporación Luis Sabater.

El grupo de Correa premió a quienes le facilitaron la operación, que consistió en subcontratar a empresas especializadas los trabajos por la mitad de los fondos públicos recibidos. Y repartirse los otros tres millones largos de euros entre los cabecillas de la trama, una vez descontadas las comisiones. El exdirector de la televisión valenciana percibió supuestamente medio millón de euros. La mordida se disimuló "mediante facturación ficticia por supuestos servicios prestados a sociedades vinculadas a familiares de su mujer".

"Las contraprestaciones recibidas por los demás colaboradores", concluye la policía en el último párrafo de su informe de 168 páginas, se materializaron "en algunos casos en entregas de regalos o pagos de cantidades por su participación en la operación". En otros, sin embargo, no existió "una contrapartida tangible sino que las motivaciones responden a otras razones, derivadas del mantenimiento de un estatus o de una muestra de complacencia jerárquica".