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La juez cita al exconsejero Granados por el espionaje político a Prada y Cobo

Una diputada nacional del PP pide aclarar quién ordenó los seguimientos

Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre, en la Asamblea de Madrid en 2011. Ampliar foto
Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre, en la Asamblea de Madrid en 2011.

Cinco años después de que se abriera la causa judicial por el espionaje político supuestamente ordenado desde el Gobierno de Esperanza Aguirre para seguir a determinados cargos políticos del PP, adversarios de la expresidenta autonómica en las batallas internas por el poder, la juez ha citado a declarar el próximo 16 de septiembre como testigo al exconsejero autonómico de Interior, Francisco Granados. Este ex alto cargo, que ha abandonado su escaño de senador tras descubrir la Fiscalía que ocultaba dinero no declarado en Suiza, estaba al frente del departamento en el que trabajaban como asesores tres ex guardias civiles y tres ex policías nacionales a los que, según la investigación policial y judicial, se les ordenó hacer los seguimientos a políticos.

Los objetivos en que se centraron los supuestos espías a sueldo del Gobierno autonómico del PP fueron dos: Alfredo Prada, exconsejero de Aguirre al que esta acabó destituyendo; y Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid que disputó sin ningún éxito a la expresidenta autonómica el liderazgo del partido en Madrid.

“Lo que nos ordenaban podría ser delictivo”

José Oreja, guardia civil, entró a trabajar en la consejería de Interior de la Comunidad de Madrid como asesor. La juez que instruye el caso del espionaje político supuestamente ordenado por el Gobierno regional y pagado con fondos públicos imputó a este agente, cuyo teléfono móvil aparece en la investigación junto a los objetivos del espionaje.

Oreja confesó a EL PAÍS, y a la juez, que a principios de 2008 el director general de Seguridad, Sergio Gamón, y el subdirector, Miguel Castaño, le propusieron los seguimientos a los dos políticos del PP. “La propuesta nos pareció una locura por dos motivos. Uno, por las personalidades de que se trata, autoridades legalmente constituidas o designadas. Y dos, porque para conseguir cualquier información relevante habría que obtenerla de forma irregular, mediante actuaciones delictivas. La orden nos la dan verbalmente en el despacho del director general. En la reunión en la que nos marcaron los objetivos, nos dijeron que tenía especial interés don Ignacio González”, explicó a EL PAÍS.

Sergio Gamón fue un fichaje de la presidenta autonómica pues estaba casado cuando fue nombrado director general de Seguridad con una de sus secretarias. La exmujer de Gamón y exsecretaria de Aguirre llegó a declarar a EL PAÍS que su exmarido investigó a Alfredo Prada [exvicepresidente y exconsejero en los Gobiernos de la Comunidad de Madrid]. “No tenía la infraestructura, pero estaba espiando desde el principio. Ignacio González [entonces vicepresidente de la Comunidad] recibía anónimos, y como había enfrentamiento entre González y Prada... desde el principio empezó a investigar a Prada..., hacía ese trabajo solo con Miguel Castaño, al que fichó como subdirector”, declaró Laviana.

El guardia civil José Oreja se quejó de las órdenes que recibía al consejero Granados. “Le expresamos nuestra repulsa a realizar esta labor y nos dijo que no hiciéramos caso. Le contestamos: ‘Si quieres, no le hacemos ni caso, pero es el que manda en la dirección’. Le advertimos de que lo que nos estaban ordenando podría ser una acción delictiva per se, amén de los fines que se persiguieran. Y Granados nos respondió: ‘Para mí, Gamón es una mosca que con un movimiento de mis dedos la puedo desplazar al pupitre de delante’. Pero nos dimos cuenta de que mandaba el director y que las instrucciones no le venían del consejero”.

Durante varios meses, tres ex guardias civiles y un ex policía nacional, contratados como asesores de la consejería de Interior, siguieron a ambos políticos a sus citas públicas y privadas, y dejaron constancia de lo que veían en partes mecanografiados. En uno de esos partes, se incluyó el nombre de Carmen Rodríguez Flores, diputada nacional del PP, quién está personada en la causa y pidió el pasado 1 de abril a la juez que lleva el caso que se citara a Granados a declarar como jefe del supuesto aparato de espionaje político montado en la Comunidad de Madrid y pagado con fondos públicos.

El abogado de Rodríguez Flores sostiene en su escrito que “una operativa como la que es objeto de esta instrucción”, en relación a los seguimientos a políticos del PP, “no parece en buena lógica que responda a iniciativa propia de los hasta ahora imputados”.

La diputada nacional quiere conocer quién dio la orden del espionaje político por el que están imputados los tres ex guardias civiles que llevaron a cabo los seguimientos; el entonces director general de Seguridad, el policía Sergio Gamón, al que el Gobierno regional obligó a abandonar su puesto; además de un empleado de la consejería, José Manuel Pinto, que según la investigación policial de los teléfonos móviles del personal de ese departamento, no participó en el operativo.

Uno de los imputados, el ex guardia civil José Oreja Sánchez, aseguró a la juez que sus jefes inmediatos, entre ellos Sergio Gamón, le ordenaron “cometer barbaridades”, en relación a los seguimientos a Prada y Cobo, y que ellos se quejaron al consejero de Interior, que entonces era Granados.

Oreja explicó a la juez que Granados era consciente de la situación, que les dijo que se negaran a hacer lo que les mandaban, pero que sus jefes siguieron ordenándoles los mismos servicios.

Por su parte, José Manuel Pinto, empleado de la Comunidad de Madrid imputado en la causa, asegura que el exconsejero Granados le explicó que quién había elaborado los partes de seguimiento era uno de sus jefes inmediatos, Miguel Castaño, mano derecha de Sergio Gamón.

La juez que investiga los hechos ha archivado el caso en dos ocasiones, pese a las sólidas pruebas aportadas por la policía a través de los informes de Telefónica sobre los movimientos de los supuestos espías.

La Audiencia Provincial de Madrid ha obligado a la juez a reabrir el proceso judicial por malversación de fondos públicos. Aunque el delito de espionaje político no está tipificado en el Código Penal, la causa trata de acreditar la malversación de fondos públicos empleados para fines ilegales, como es el seguimiento de determinados políticos con medios humanos y materiales de la Comunidad de Madrid.

Ramón González Bosch, abogado de dos de los imputados, Oreja y Pinto, se congratula de la decisión adoptada por la juez. “Ahora sólo esperamos que Francisco Granados diga la verdad. González Bosch ha pedido el archivo de la causa contra sus dos clientes al entender que no tienen ninguna responsabilidad en los hechos investigados.

La Comunidad de Madrid aprobó en marzo un decreto solicitando su personación en la causa como acusación particular por sentirse perjudicada en la supuesta malversación de caudales públicos que se imputa a sus empleados en la consejería de Interior.

La exmujer de Sergio Gamón, el jefe de todos los imputados por el espionaje político, llegó a declarar que su marido mantenía conversaciones telefónicas con Ignacio González, hoy presidente de la Comunidad de Madrid, que sugerían que éste estaba al tanto de los seguimientos a sus compañeros de partido.

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