La Diputación amenaza con romper un contrato de 100 millones con Ortiz

La presidenta de la Diputación de Alicante, Luis Pastor, envió ayer a los alcaldes de La Vega Baja (Alicante) una propuesta para liquidar el contrato entre el consorcio de residuos de la comarca valenciana más sureña y el contratista Enrique Ortiz, empresario omnipresente en la provincia alicantina y supuesto cabecilla de la trama Brugal. Pastor pretende además incautar la fianza de casi dos millones de euros depositada en su día por el contratista por la firma de un contrato que suponía un negocio de 100 millones de euros durante 20 años de gestión para la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cespa-Ortiz.

El movimiento de Luisa Pastor resulta sorprendente si se tiene en cuenta que el pasado abril estaba a favor de la implantación de la planta de residuos prevista en Albatera, un macrovertedero que tiene a La Vega Baja en pie de guerra y que aparece hasta en las escuchas del caso Brugal. El plan zonal no gusta ni a ciudadanos ni a los ayuntamientos, no importa el color político.

Según fuentes de la Diputación, Pastor, también alcaldesa de San Vicent del Raspeig, encargó por su cuenta y riesgo un estudio al margen del consensuado por el pleno provincial el pasado marzo. Los alcaldes socialistas de La Vega Baja ayer no salían de su asombro. El informe de Pastor lo firma el catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Jaume I (Castellón), David Blanquer. Y concluye casi lo mismo que el encargado al catedrático de la Carlos III (Madrid), Luciano Parejo, experto en la misma materia.

Ambos coinciden y esgrimen como razón para la anulación de la contrata que la UTE presentó una oferta sobre unos terrenos en Albatera de los que no era propietaria ni tenía opciones de compra. La única diferencia es que el estudio de Pastor acusa a Cox y Albatera de “deslealtad institucional” por dificultar con la negación de permisos, entre otras razones, la labor de la UTE sobre el terreno, según quienes han visto el informe.

La historia de esta contrata parece la de nunca acabar, siempre polémica. El consorcio de residuos vegabejense, con Joaquín Ripoll de presidente provincial, aprobó por unanimidad en enero de 2008 adjudicar la contrata a la UTE en terrenos de Albatera. Allí irían a parar las 250.000 toneladas anuales de basura que genera esta comarca de 500.000 habitantes.

A finales de 2008, se modificó el contrato. El macrovertedero se ubicaría en Torremendo (Orihuela), en la finca de La pistola, propiedad de Ángel Fenoll, el otro cabecilla de la Brugal y hace dos días condenado a 35 años de prisión por fraude fiscal. Los vecinos batallaron judicialmente por un cambio cuyas negociaciones aparecen en las escuchas policiales del caso Brugal. Y ganaron. La sentencia, de 2013, mandó el proyecto de nuevo a Albatera y puso patas arriba a toda la comarca, cuya basura va de un vertedero a otro de la provincia sin orden ni concierto. Pastor escudó siempre su defensa del proyecto en la sentencia, incluso presionando a Cox para que dejara construir en su suelo parte de las instalaciones contempladas en el proyecto.

No será tan fácil la anulación. Cespa-Ortiz lleva tiempo argumentando una hipotética defensa y acudirá a los tribunales por lucro cesante. Pero además, la consejería de Medio Ambiente, con un 15 % de los votos del consorcio de La Vega Baja (el resto son de Diputación y ayuntamientos), se ha mostrado contraria a rescindir el contrato en función de unos informes que considera “de parte”. La administración autonómica se escuda en que sus técnicos no ven incumplimiento alguno en la concesión. Solo obedecerá los informes de los abogados de la Generalitat.